La Recomendación de Integridad Pública a la que adhirió Argentina solicita a los países elaborar un sistema de integridad pública; establecer marcos legislativos e institucionales adecuados para cultivar la integridad en el sector público; impulsar un sector público profesional basado en el mérito y en los valores del servicio público; promover una rendición de cuentas efectiva que incluya mecanismos de control interno; y garantizar la aplicación imparcial de las leyes. “La adhesión de Argentina es una excelente noticia y un gran desafío en materia de políticas públicas para el gobierno nacional, pero también para el Congreso, el Poder Judicial, las provincias y el sector privado”, expresó Alonso. Y agregó: “Esta adhesión nos impone una agenda desafiante e intensa de corto, mediano y largo plazo. Va más allá de un mandato o una elección. Cumplirla será un trabajo de todos por mucho tiempo”.

En esta línea, la titular de la Oficina Anticorrupción valoró que “la OCDE realizará un estudio técnico del Sistema de Integridad Pública argentino y hará recomendaciones para su mejoramiento”. “El Secretario General Ángel Gurría y el equipo de la OCDE se mostraron entusiasmados en apoyar a la Argentina con soluciones institucionales y mejores prácticas. Hubo una predisposición excelente y un reconocimiento de avances que van en el buen sentido”, sostuvo Alonso desde París. Para este estudio, la OCDE prestará apoyo a Argentina en la modernización de su sistema de integridad y en la aplicación de mecanismos de control, a la vez que realizará un examen de las políticas de integridad de la Argentina y un informe de progreso que evalúe la implementación de las recomendaciones.

Esto ocurre en un contexto en el que Argentina viene dando pasos para promover la transparencia y la integridad pública, tales como: la promulgación de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública; la reglamentación -tras 16 años- del Régimen de Obsequios y Viajes financiados por terceros a Funcionarios Públicos; la firma de dos Decretos de Integridad en juicios contra el Estado y contrataciones públicas; la publicación en formato abierto de las declaraciones juradas de 45 mil funcionarios; y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria que permite sancionar a las empresas -y no solo a las personas- que cometan delitos de corrupción.

A raíz de estos avances, el año pasado el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) realizado por Transparencia Internacional mostró que Argentina escaló 12 posiciones entre los países con menor percepción de corrupción: en 2015 se encontraba en el puesto 107, mientras que en 2016 se ubicó en el 95. Sin embargo, y pese a la mejora en la calificación, Argentina continúa por debajo del promedio regional de corrupción, lo que es uno de los factores más problemáticos para acceder a inversiones. Por eso, el apoyo de la OCDE para la realización de este Estudio de Integridad apunta a fortalecer la institucionalidad y a promover la transparencia y la integridad pública como condiciones necesarias para generar puestos de trabajo y desarrollo económico.