El SPIO promueve el diseño e implementación de políticas de integridad y anticorrupción que apoyen la buena gobernanza pública. También, refuerza los valores como la credibilidad y la capacidad de las instituciones que participan en la elaboración de políticas y las condiciones subyacentes que configuran el proceso de elaboración de políticas.

En esta sesión, el Grupo debatió el informe borrador del monitoreo de la aplicación de la Recomendación de la OCDE sobre los principios de transparencia e integridad en el Lobby, donde algunos países presentaron e intercambiaron sus experiencias y resultados logrados en su regulación. Asimismo, se presentó la versión beta del Toolkit de Integridad Pública desarrollado por OCDE, un repositorio en línea con capacidad de búsqueda de herramientas digitales aplicadas en los países miembros de la OCDE y algunos asociados seleccionados, con el propósito de promover la integridad del sector público y se invitó a los delegados a compartir su experiencia con la herramienta.

El encuentro dedicó además un espacio de debate sobre el importante papel de la integridad y las medidas anticorrupción en la respuesta y recuperación del COVID-19 en curso, donde los integrantes del grupo compartieron sus experiencias y consideraciones sobre los riesgos de integridad asociados y las medidas adoptadas para mitigarlos.

La reunión incluyó un panel especial sobre la adhesión de Argentina y Perú a la “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública”, dado que son los dos primeros países, no miembros OCDE, que se adhieren a la Recomendación. En dicho panel, la Directora Nacional de Ética Pública (OA), Natalia Torres, expuso sobre el compromiso de Argentina con la integridad pública y la relevancia del Reporte de Integridad de la OCDE.

“El reporte es completo, informado y provee recomendaciones precisas”, mencionó Torres y destacó la coincidencia sustantiva entre el reporte y la visión de la Oficina Anticorrupción sobre la relevancia de la política preventiva. En esa línea, resumió las principales acciones para el fortalecimiento de un sistema nacional de integridad, como la coordinación inter-institucional, la transversalización de la transparencia, la planificación estratégica, el entrenamiento de funcionarios y funcionarias y la relevancia de la articulación con provincias y municipios en un país federal.