La aplicación efectiva de esta Convención en el derecho interno de los Estados parte se evalúa mediante un proceso de examen entre pares denominado Mecanismo de Examen de la aplicación. Cada Estado analizado proporciona a la Secretaría información sobre la aplicación de la Convención y el cumplimiento de sus disposiciones. Esta información es analizada por los Estados examinadores en base a las medidas legislativas y prácticas adoptadas por el país examinado para aplicar la Convención. Y además, puede complementarse con una visita al país por parte del grupo evaluador con el fin de obtener información objetiva y completa, detectar eventuales dificultades para la implementación de la Convención y brindar al Estado la oportunidad de solicitar asistencia técnica.

En septiembre de 2021, la Argentina, junto con Bahamas, resultaron sorteados para evaluar a Paraguay. En este segundo ciclo de evaluaciones, los temas objeto de evaluación se relacionan con los capítulos II (Medidas Preventivas) y V (Recupero de Activos) de la Convención.

En su carácter de punto focal, la Oficina Anticorrupción en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realizó el análisis documental de la información enviada y fue convocada a participar de la visita al país, solicitada y organizada por Paraguay en la ciudad de Asunción.

Las reuniones, que tuvieron lugar en la sede del Banco Central del Paraguay, incluyeron la participación de los organismos públicos de los tres poderes del Estado paraguayo involucrados en el proceso, tales como: la Secretaría Nacional Anticorrupción, punto focal del país evaluado, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y representantes de la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Por parte de las Organizaciones de la sociedad civil participaron la asociación Semillas para la Democracia, la Fundación Buen Gobierno, la Fundación CIRD y el Centro de Estudio Ambientales y Sociales (CEAMSO).