El proyecto de la nueva ley de Defensa de la Competencia, impulsado por el Ministerio de Producción, fue aprobado hoy con cambios en la Cámara de Senadores. La norma busca lograr un mercado transparente, con reglas claras, donde los consumidores tengan más y mejores opciones y se favorezca el desarrollo de las empresas.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto con cambios sobre el procedimiento de selección de autoridades de la Autoridad Nacional de la Competencia. Se facultará al Ejecutivo a nombrar las autoridades en comisión hasta tener la aprobación definitiva, previo concurso de antecedentes profesionales. Además, se establecieron cambios en los aranceles que deberán abonar las empresas que notifiquen fusiones o adquisiciones.

Con el apoyo de 50 legisladores y 7 votos en contra, el proyecto volverá a tratarse en Diputados. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores para convertirse en ley.

“Para ser un país desarrollado es fundamental la institucionalidad en defensa de la competencia. Para tener una economía dinámica y con crecimiento para reducir la pobreza de manera sostenida, es necesario generar mercados competitivos y transparentes”, dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

“Necesitamos esta ley para que las PyMEs no sean víctimas de prácticas anticompetitivas de grandes empresas y para que los consumidores tengan más alternativas, mejores precios y calidad”, agregó.
El proyecto de ley es de la autoría de los diputados del bloque Cambiemos Elisa Carrió y Mario Negri, y se basa en las mejores normas antimonopolio a nivel nacional e internacional. Tiene como ejes la disuasión de los carteles y los monopolios, la independencia, la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad.

La nueva ley prevé la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo independiente. También propone elevar las multas, con criterios más claros para su determinación; e introduce un programa de clemencia, una herramienta clave para prevenir y detectar carteles.

Además, contempla un régimen de control previo de las operaciones de fusiones y adquisiciones y un procedimiento expeditivo para los casos no problemáticos.