La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Kelly Olmos, formó parte del panel sobre la “Política industrial, eliminación de riesgos y el papel del trabajo en una transición justa” de la Cumbre de L20 junto a la profesora de economía y macro finanzas de la UWE Bristol, Daniela Gabor; el secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Eric Manzi; el presidente del Comité del Capital de los Trabajadores (CCT), Christofer Johnson y la presidenta de la Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban.

En su exposición, la ministra Olmos afirmó que “el rol de los grupos de afinidad y, en particular del L20 y el B20, es esencial a la hora de llegar a acuerdos exitosos y a compromisos que defiendan la plena vigencia de los derechos laborales. Bajo esta premisa, el abordaje de la cuestión climática y la transversalización de esta mirada desde la justicia social son un factor clave para un desarrollo sostenible que revalorice y defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.

Además, remarcó que para el Gobierno “la transición justa es desarrollo con un tránsito social ordenado hacia las nuevas formas de producción verde bajo el paraguas de la Justicia Social para que nadie quede atrás”. En ese sentido, se refirió a la transición justa como “una hoja de ruta que marque el camino hacia una nueva sociedad con un desarrollo económico consciente y respetuoso del ambiente, focalizando en las necesidades presentes sin perder de vista a las generaciones futuras, y poniendo el eje en las personas y en la sociedad”.

Entre las temáticas abordadas en el panel se destacan las oportunidades y peligros que se están perfilando debido al renovado interés en la política industrial y la aparición de la reducción de riesgos en los países desarrollados, así como las acciones colectivas se pueden tomar en los países en desarrollo; el rol de los sindicatos en agregar transformación y justicia social a la inversión continua en la ecologización de las industrias y la infraestructura de energía verde; y las garantías y salvaguardias que podrían construir los sindicatos (o al menos exigir) para el estado de reducción de riesgos; entre otros.