Estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, permitirá adoptar criterios basados en especificaciones técnicas y nutricionales, en lugar de marcas comerciales y promoverá la participación de una amplia gama de proveedores, desde grandes empresas hasta pequeños productores locales.

Desde el comienzo de la gestión, el Gobierno ha iniciado un proceso de transformación profunda de las políticas sociales, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegue de manera directa y efectiva a los beneficiarios; eliminando los intermediarios que históricamente han desviado recursos.

En ese sentido, se aumentaron los montos en la Tarjeta Alimentar, con incrementos del 50% en enero y 50% en febrero; se comenzó a relevar la situación de los comedores comunitarios a lo largo del país, con la finalidad de mapear las necesidades reales y se han firmado convenios con distintas ONGs, lo que permite una transferencia directa de recursos a los comedores comunitarios.