Hoy resulta indiscutible que la corrupción debe ser abordada a través de políticas y acciones que incidan tanto sobre el sector público como en el privado. La Ley 27.401 ha reconocido esta necesidad al establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos de corrupción, diseñar mecanismos de remediación y de cooperación para la investigación y sanción de irregularidades, y exigir la obligatoriedad de que estas posean un Programa de Integridad para contratar con el Estado Nacional en las grandes contrataciones públicas.

En este esquema adquieren particular dimensión los Programas de Integridad, entendidos como el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.

Recientemente tomó estado público el caso de corrupción en el que se vio involucrada la firma Securitas, en el marco de cuyo proceso penal se celebró un Acuerdo de Colaboración Eficaz en los términos de la citada Ley 27.401.

Este tipo de acuerdos tiene como objetivo comprometer a las personas jurídicas en la investigación y sanción de los hechos de corrupción que se les imputan. Por su intermedio, las empresas brindan información, aportan pruebas, reparan el daño causado (devolviendo, además, las ganancias producto del delito) y asumen la revisión y mejora de la integridad de sus procesos. Como contrapartida, pueden obtener una reducción o eximición de la pena que les correspondiere.

En el acuerdo en cuestión, la empresa asumió, entre otros compromisos, el de someter a revisión su Programa de Integridad a fin de determinar su adecuación a los términos de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, “tomando como referencia los requerimientos establecidos en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) diseñado por la Oficina Anticorrupción. Ello a fin de determinar su nivel de desarrollo y –en su caso- proceder a la adecuación hasta alcanzar un nivel de desarrollo avanzado conforme las pautas establecidas por la aludida Oficina …”. De este modo, se reconoce el valor de los estándares y procesos de la herramienta creada y administrada por la Oficina Anticorrupción.

¿Qué es el RITE?

El RITE es una plataforma dinámica, online, gratuita y voluntaria, que permite a las empresas y otras organizaciones visibilizar y enriquecer sus Programas de Integridad, por lo que contribuye a la efectiva implementación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Al mismo tiempo, posibilita el intercambio de buenas prácticas y la promoción de ambientes transparentes en el sector público y privado para pequeñas y grandes empresas y entidades.

La herramienta está compuesta por módulos integrados por cuestionarios autoadministrados que deben completar los usuarios y que contemplan distintos componentes de un Programa de Integridad Sostenible. Actualmente, el RITE cuenta con 4 módulos temáticos: Integridad, Diligencia Debida, Género y Protección de Datos Personales. La información que aportan las empresas y entidades se complementa con la documentación que ponen a disposición a través de la plataforma.

Las preguntas incluidas en los cuestionarios permiten clasificar los elementos y las herramientas que integran los programas de integridad según su nivel de desarrollo. Además, su caja de herramientas (accesible on line desde la web del Registro) brinda a las empresas y entidades avanzar de forma guiada y asistida, en el proceso de formulación y autoevaluación de los mismos. De este modo, se contribuye en la mejora de las competencias, las capacidades y la forma de gestionar los negocios en Argentina.

El RITE no sólo brinda información sobre el contenido y alcance de los Programas de Integridad de las empresas y entidades, visibilizando los esfuerzos en esta materia, sino que –a la par- permite mejorar su reputación, su eficiencia, rentabilidad, incrementar posibles inversiones y obtener mejores socios estratégicos. Además, como se anticipó, permite a las organizaciones fortalecer sus Programas, facilitando el seguimiento de sus mejoras y avances, optimizando recursos y promoviendo el intercambio de información.

La iniciativa es el resultado del trabajo colaborativo, abierto y plural llevado adelante con empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, expertos y organismos estatales vinculados a la temática, y cuenta con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Recientemente fue destacada por la OCDE en su “Guía de recursos sobre medidas estatales para fortalecer la integridad del negocio” (publicada en marzo de 2024) como ejemplo de política dirigida a proporcionar orientación al sector privado en materia de anticorrupción.

Actualmente se está actualizando el sitio web del RITE incorporándose mejoras. Asimismo, la Oficina Anticorrupción está trabajando en la oferta de formación para usuarios actuales y potenciales.

En suma, el caso Securitas permite hacer foco en la responsabilidad de las empresas, sus representantes y en la integridad de sus procesos como medio de evitar prácticas ilícitas. Asimismo, resalta la importancia de las políticas preventivas y el necesario compromiso del sector privado para una eficaz implementación, poniendo sobre la mesa el RITE como herramienta de aplicación de esas políticas.