El 21 de diciembre del año 2017, bajo el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, y en sintonía con su visión de la cultura y la educación, el Poder Ejecutivo impulsó y logró la sanción de la Ley 27.432, que mediante tres incisos del artículo 4 arrasó con un principio fundamental de lo que se entiende por una política de Estado virtuosa: la asignación específica de fondos para la cultura que había sido sostenida desde el regreso de la democracia.

Se fijó así, el vencimiento de las asignaciones de estos fondos para diciembre de 2022.

Si no se modifica esta penosa circunstancia en la que nos dejó el macrismo, en unos escasos tres meses, quedará sin efecto la financiación del trabajo y la producción de las industrias culturales impulsadas por el INCAA, el INAMU, el INT, entre otros organismos, y el funcionamiento de las Bibliotecas Populares de todo el país, que reciben apoyo a través de la CONABIP.

De concretarse el vencimiento, estas asignaciones pasarían entonces a manos de Rentas Generales, quedando bajo el Poder Ejecutivo resolver cuánto y cómo disponer de fondos para el sector de la cultura de acuerdo a sus propios intereses. Pero también se quitaría a las instituciones mencionadas de cada sector cultural, la autonomía para poder ejecutar las políticas que necesitan los trabajadores y trabajadoras de la cultura.

No nos parece casual que este recorte haya sido impulsado por el mismo sector político y el mismo gobierno encargado de degradar la figura del Ministerio de Cultura a Secretaría y de realizar feroces recortes y ajustes en áreas clave de la cultura. Esto sucedió sin siquiera ser tema de debate ni ser registrado por la crónica periodística en aquellos días.

Tampoco que, durante la sesión del 15 de junio de este año, sus diputados y diputadas hayan votado en abstención, por la negativa o hayan estado ausentes del recinto. O que ahora se nieguen a dar quorum para su tratamiento en la Cámara de Senadores.

Hoy no podemos dejar que a fin de este año nos encontremos sin la posibilidad de garantizar la continuidad de los fondos necesarios para financiar el funcionamiento de nuestras bibliotecas populares y las industrias culturales, no solamente por el profundo significado simbólico que tienen, sino también porque, además, contribuyen de forma directa e indirecta al crecimiento de nuestra economía.

Esto es lo que está en juego ahora. Resulta entonces imprescindible que los senadores y senadoras de la oposición comprendan la gravedad de la situación, asuman la responsabilidad que les confiere su cargo, den el quórum necesario para el tratamiento del proyecto y no priven a la cultura de sus recursos. Está en sus manos la posibilidad de revertir esta situación para este presente y especialmente para el futuro de nuestro país.

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