Desde la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia se presentó un escrito para obtener la protección de una activista ambiental y de toda su familia, sobre la base de los compromisos asumidos por el Estado como parte del Acuerdo de Escazú.

Sabrina del Valle Ortiz es abogada y realizó una denuncia —por la que también es querellante— por consecuencias y afecciones producto del uso de agroquímicos en los barrios Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida, de Pergamino, ciudad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. La denuncia se acompaña de un informe que indica la detección de 18 agrotóxicos en el agua de esa zona de Pergamino, como consecuencia de las fumigaciones en campos que rodean la región.

Sin embargo, con posterioridad a la presentación de esta denuncia, Sabrina y sus familiares directos —testigos y víctimas de las fumigaciones con agroquímicos— comenzaron a sufrir distintos episodios de amenazas y agresiones. Estas situaciones forzaron a del Valle Ortiz a realizar nuevas denuncias con el fin de hallar los mecanismos para que se garantice su integridad física y la de su entorno familiar cercano.

En el escrito firmado por Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, se destaca que estas personas, además de ser testigos en la causa, son “personas cuya integridad psicofísica está en riesgo inminente no sólo por los agrotóxicos que generaron las afecciones que Ortiz denunció, sino también por el descontento de quienes han sido denunciados y encuentran afectados sus intereses económicos”.

El pedido de protección se presenta en el marco del Acuerdo de Escazú, compromiso que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

Este compromiso al que suscribe el Estado argentino, brinda especificaciones en su artículo 9° acerca de las garantías para las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales: “Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.”

Como parte de las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la justicia, la DNPFAJ sostiene que la efectivización de este derecho no solo trata de garantizar la posibilidad de las personas de acceder a los estrados judiciales sino también de que esa llegada se dé en cumplimiento de las garantías comprensivas del debido proceso.