La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó este jueves la persecución política y judicial contra la dirigente social Milagro Sala al rechazar un recurso extraordinario federal presentado por su defensa por violaciones al debido proceso durante el juicio en el que fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita.

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema utilizó argumentos formalistas para desestimar la presentación y evitó así expedirse sobre la cuestión de fondo. No sorprende, pero no deja de indignar que la Corte Suprema vuelva a demostrar su falta de compromiso institucional con la Constitución Nacional.

Las violaciones groseras de las garantías judiciales que sufrió Milagro Sala en este proceso penal, en el que fue condenada por los tribunales jujeños por asociación ilícita, como líder de la organización social Tupac Amaru, demuestran que el verdadero objetivo era la proscripción política y la desmovilización social, y no la lucha contra la corrupción.

Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme una condena ilegítima a Sala y convalidó la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en la persecución a la dirigente social y las violaciones a las garantías del debido proceso, situación que compromete al Estado argentino en su responsabilidad internacional.

Como ha denunciado esta Secretaría en varias oportunidades, en Jujuy se instaló el
el laboratorio del lawfare —a partir del gobierno de Mauricio Macri que continua en la actualidad— destinado a perseguir a opositores políticos mediante la utilización del sistema penal y mediático, como se comprobó días atrás con la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández.

A pesar de esta decisión, Milagro Sala deberá seguir en prisión domiciliaria por estar vigentes las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó proteger su integridad física y psíquica, y poner fin a la persecución penal arbitraria.