El COVID puso de manifiesto las desigualdades en el mercado laboral a la vez que las profundiza, desigualdades de géneros que afectan los sectores de actividad más feminizados y más expuestos, y desigualdades de derechos entre quienes cuentan con mayor protección en el trabajo registrado y quienes son más vulnerables en el trabajo informal.

Dentro de las actividades relevadas se encuentran los sectores más feminizados como la salud (71,1%), educación (73,1%), trabajo en casas particulares (99%), comercio minorista (45,6%); actividades esenciales con tasa marginal de feminización, como el suministro de agua y energía (16,8%), fuerzas armadas (19%), telecomunicaciones (26,2%); actividades estacionales y actividades no esenciales que continúan interrumpidas como es el caso del sector de turismo y gastronomía (45,9%) y actividades deportivas (48,9%).

Para las mujeres significó una sobrecarga de trabajo por la superposición de la jornada laboral con las tareas domésticas y de cuidado y los bajos niveles de corresponsabilidad. Sumado a la improvisada adopción de trabajo remoto, se implementaron clases no presenciales en todos los niveles y el cierre de espacios de cuidado de primera infancia implicando una extensión de los horarios de trabajo. A su vez, para desempeñar el trabajo remoto tuvieron que superar dificultades por la ausencia de equipamiento adecuado, conectividad y espacios apropiados para trabajar, por encontrarse en situación de aislamiento sin contar con la capacitación y prevención adecuada.

Por otro lado, por las condiciones laborales, se han visto más expuestas al contagio aquellas mujeres que se desempeñan en el ámbito de la salud, empleadas de casas particulares que realizan actividades de cuidados y quienes llevan a cabo trabajos voluntarios o docentes en comedores escolares, barriales o comunitarios.

Otra de las dificultades de la pandemia en cuanto al mercado laboral, fue la disminución de los ingresos, incluso en el sector formal sufrieron reducción de ingresos principalmente en trabajadoras de actividades no esenciales, debido a suspensiones, a la eliminación del presentismo y las horas extras.
Entre las acciones realizadas “para preservar el empleo femenino durante la pandemia y contribuir a reducir las desigualdades e inequidades en el mundo laboral”, se destacaron aquellas realizadas por organizaciones sindicales y cámaras empresariales y aquellas asistencias que se desarrollaron desde el Estado nacional.

Las organizaciones sindicales están llevando adelante acciones para acompañar a las mujeres y sus familias en esta situación crítica. Medidas que van desde el reparto de alimentos, la definición de protocolos de seguridad para el regreso al trabajo, capacitaciones, acuerdos para evitar despidos, participación en comités de crisis, hasta la entrega de insumos de cuidado y seguridad.

Según el informe, entre las medidas para cuidar el empleo y los puestos de trabajo se encuentra el acuerdo de evitar despidos entre la UIA y la CGT. “El acuerdo estipula que aquellos trabajadores que no pueden cumplir con sus tareas habituales por las medidas de confinamiento pueden ser suspendidos garantizando el 75% de sus salarios. De este modo, las empresas que tomen esta medida asumen el compromiso de no efectuar despidos en tanto el acuerdo permanezca vigente.”

Por otra parte, el propio Estado ha desplegado medidas de rescate al empleo articulando acciones con los Estados provinciales y municipales. Continúa siendo un desafío el análisis de estos apoyos económicos con perspectiva de género para comprender cómo han impactado en el empleo de las mujeres.

Con relación a las políticas públicas, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) significó una importante medida para disminuir el impacto negativo de la crisis y apostar a la sostenibilidad de los puestos de trabajo y de las unidades productivas. El Ingreso Familiar de Emergencia es un aporte fundamental a la hora de sostener el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras no registrados y cuentapropistas.