La OA, querellante en la causa, había interpuesto un recurso de queja por retardo de justicia dada la falta de respuesta del juez ante un pedido de “pronto despacho”, que se traducía en una situación de indefinición respecto de los nombrados. Además le recordó a los camaristas que el juez de instrucción no avanzó en el expediente principal ni dio curso a sus pedidos de que sean citados a indagatoria los ex funcionarios públicos.

Si bien para el juez Lijo “la Oficina Anticorrupción carece de interés legítimo en la cuestión”, la Cámara Federal en su resolución afirmó que la OA “detenta legitimación para efectuar el presente planteo, dado que es parte acusadora en el proceso y, en lo que aquí concierne, ha efectuado las presentaciones que estimó oportunas, instando a que se definan las incidencias en algún sentido, motivo suficiente, independientemente de quién dio inicio a la formación de los legajos de prescripción”.

Además, los camaristas agregaron que “lo cierto es que el tiempo transcurrido desde que la defensa de Hugo Alberto Franco y Carlos Vladimiro Corach postuló la extinción de la acción penal -el 8/8/2016 y más allá del lapso propio de su trámite- hasta el presente, requiere un pronunciamiento sobre el punto, por lo que se impone que, devueltas que sean las presentes, el Juez a quo avance hacia la definición del asunto debatido y se aboque a dar respuesta a lo peticionado por el impugnante”.

En su escrito, la OA había planteado que la “insistencia en que se resuelvan los incidentes de prescripción planteados por Corach y Franco no es un actuar caprichoso de esta parte. Las cuestiones de prescripción son de orden público, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que deben resolverse en forma prioritaria”.

La OA viene impulsando el avance de la causa en la que se investiga a los funcionarios que habrían recibido los sobornos cuyo pago la empresa ya reconoció en todo el mundo; y por los que ya se procesó y mandó a juicio oral a ejecutivos y personas vinculadas de la firma.