La Auditoría General de la Nación detectó incumplimientos y vulneración de derechos en el funcionamiento de la Agencia en su anterior gestión
La Auditoría General de la Nación publicó un informe el mismo día que se realizó la audiencia pública para la designación al cargo de Directora de la Agencia de Beatriz de Anchorena. Se detectaron diversos incumplimientos y desde la dirección del organismo se inició un proceso de evaluación para garantizar su correcto funcionamiento.
La Auditoría General de la Nación (AGN) dio a conocer un informe de auditoría sobre la Agencia de Acceso a la Información Pública donde se identificaron distintos problemas que afectan la garantía al acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales.
El informe reveló que la Agencia “no desarrolló ni implementó herramientas que tiendan a garantizar de forma efectiva el acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales previstos en las Leyes 25.326, 26.951 y 27.275”. Esto se observa en que no se cumplieron las obligaciones de transparencia activa, ya que “existió un control limitado e insuficiente sobre los sujetos obligados”, así como no se establecieron procesos para verificar la aplicación de sanciones administrativas, ni se impulsaron investigaciones ante incumplimientos, generando que se vean vulnerados los derechos consagrados en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Asimismo, se señala que se llevó a cabo un registro incompleto de la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública realizadas, las respondidas y el tiempo y forma en el que se hicieron. Además, el documento manifiesto que no se cumplieron las acciones tendientes a garantizar el funcionamiento del Consejo Federal para la Transparencia, afectando la federalización de estos derechos.
En materia de protección de datos personales se detectaron distintas falencias en el funcionamiento del Registro Nacional de Bases de Datos Personales, Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados y Registro Nacional No Llame. También se evidenciaron demoras injustificadas en la tramitación de denuncias y la aplicación de sanciones referidas a las Leyes 25.326 y 26.951.
En este marco, a través de la Resolución 1/2022 se prorrogó con carácter excepcional y por el término de 20 días hábiles, solamente aquellos procedimientos administrativos cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2022, referidos a las tramitaciones de reclamos, mientras que el resto seguirán el procedimiento previsto, enmarcados en la Ley 27.275 y la Ley 25.326.
Conjuntamente, la nueva Directora de la Agencia Mg. Beatriz de Anchorena solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) la realización de una auditoría de corte al 10 de marzo del año 2022. El objetivo es poder realizar una evaluación de la situación del organismo e implementar medidas que garanticen su correcto funcionamiento.