El acto se llevó a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC) y participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak; Natasa Loizou, Directora Ejecutiva del Anmac y Carlos Fernández, subdirector; el subsecretario de Política Criminal bonaerense, Lisandro Pellegrini. Acompañaron el acto representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que componen la Red Argentina para el Desarme (RAD).

En el BANMaC se realizó la certificación de las armas a ser destruidas, su traslado y destrucción definitiva por la Escribanía General de la Nación. El operativo de seguridad del acto de destrucción fue realizado por la Policía Federal Argentina, y estuvo a cargo del Comisario Inspector Diego Alejandro Maldonado y la Comisaria Maira Fernanda Souza.

En tanto, Scrap S.A realizó la trituración y fundición de las mismas. El equipo de verificadores técnicos de la ANMaC confirmó la destrucción total de las 14.735 armas de fuego, bajo la observación de integrantes de la sociedad civil, funcionarios/as de la ANMaC y de la Escribanía General de la Nación.

Durante 2021 la ANMaC recibió un total de 19.200 armas de fuego en las instalaciones del BANMaC, de las cuales se procesaron 14.831 y se inutilizaron 3.172. Cabe destacar que la anterior destrucción se realizó en noviembre del 2020, oportunidad en que fueron destruidas 11.652 armas de fuego.

El ministro Soria agradeció a las trabajadoras y los trabajadores del BANMaC, al que distinguió como “único en el continente”. En igual sentido destacó el trabajo realizado por Alak en torno al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y por la capacidad de “retirar las armas de las calles”, cuando el actual ministro bonaerense condujo la cartera nacional.
“Cada arma de fuego que logramos sacar de circulación y destruir significa mayor seguridad para nuestro pueblo. Logramos reactivar esta política fundamental, que había estado totalmente paralizada durante la mitad de la gestión anterior: entre 2018 y 2019 no se destruyó ni una sola arma”, indicó el Ministro y agregó: “Esto fue revertido por nuestro gobierno: en 2020 se destruyeron 13.000 armas y ahora estamos destruyendo más de 14.700, la mayor destrucción de armas de los últimos 4 años en nuestro país”.

Alak, por su parte, destacó que “la coordinación entre el Estado Nacional y el Provincial permite que las armas de fuego que logramos sacar de circulación en nuestra Provincia de Buenos Aires, sean destruidas rápidamente por el Estado Nacional a través de la ANMaC. Celebro que recuperemos los niveles de destrucción de armas que hicieron que el plan de desarme y destrucción de armas de Argentina sea un modelo reconocido a nivel internacional”.

Loizou, en tanto, explicó que se trató de la “destrucción número 28 del organismo. Con estas casi 15 mil armas estamos alcanzando las 413 mil destruidas en los últimos 20 años”; agregó que esta acción “abona a la seguridad pública y permite avanzar en la eliminación del mercado clandestino” y sostuvo que significa, además, “una recuperación de capacidad de las fuerzas de seguridad, porque pueden modernizar su equipamiento”.
“El anterior gobierno desmanteló el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), impulsado en 2007 por Néstor Kirchner, que fue premiado por la ONU en 2013. Al mismo tiempo, paralizaron la regularización de los trámites de los legítimos usuarios, como también las destrucciones de armas. Por lo que este acto es una muestra de la recuperación del lugar de ANMaC en el Estado y de su importancia para la seguridad pública de nuestra sociedad”, finalizó Loizou.

De esa manera se reactiva una de las políticas públicas prioritarias del Estado nacional en materia de control de armas de fuego. Con la registración, verificación y destrucción total, las armas son quitadas definitivamente de circulación. Así se evitan posibles desvíos hacia mercados ilícitos y se garantiza su inutilización.
Esta política integra la agenda pública de la ANMaC y el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y persigue el objetivo de contribuir en la seguridad pública, la conjuración del crimen organizado y el delito, y garantizar espacios de convivencia libres de violencias con uso de armas de fuego, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos.