El presidente Alberto Fernández, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció que el poder Ejecutivo interpondrá una demanda ante la Justicia para declarar nulos los decretos del año 2018 que ratificaron los acuerdos de renegociación con Autopistas del Sol S.A y Grupo Concesionario del Oeste S.A, comprometiendo al Estado con una deuda millonaria lesiva a los intereses de las y los usuarios.

“Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador. Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”, afirmó el mandatario durante el anuncio que realizó en Casa Rosada.

En esta línea reafirmó que “el mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas. Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino".

Al respecto, Katopodis señaló: “Por instrucción del presidente Alberto Fernández, a través de Vialidad Nacional, iniciaremos acciones legales que declaren nulos los contratos con AUSOL y GCO. Una renegociación con el gobierno anterior que era a medida de las concesionarias, comprometía al Estado y perjudicaban a los usuarios.”

Y continuó: “Estos contratos establecían una deuda injustificada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años. Pretendían que sea la gente la que pague diariamente el cumplimiento de esa deuda. Desde el primer día, esta gestión decidió recuperar el rol de Vialidad Nacional como la administradora de los caminos de la Argentina y pretendemos que cautelarmente la Justicia nos devuelva la gestión de estos corredores viales”.

En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi U$D 2.000.000.000.

Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.

Así, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830.

Es decir, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez” los usuarios hubiesen pagado 22,87 veces más de lo que se paga actualmente (2.200% más); y en las estaciones “Campana” y “Pilar” esa diferencia, en el mismo segmento, es de 20 veces (2.000% más).

En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más).

En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más.

Acuerdos 2018

En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.).

En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387.

Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.

Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores.

A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000.

Cabe destacar que además de esos ingresos esperados, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. En este sentido, en los acuerdos celebrados en 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias.

Asimismo, es importante destacar que todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos de 2018 paso a manos de ambas Concesionarias. De esta manera, la tarifa pretendida por AUSOL y GCO en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario.