Jujuy: la SDH denuncia incumplimiento de una medida cautelar que se había dictado en un terreno con posibles enterramientos clandestinos
Se trata de un predio del Ejército donde fueron hallados los restos óseos de una persona desaparecida durante la dictadura. Una medida cautelar dictada hace dos meses impedía realizar obras en el lugar hasta que los antropólogos forenses investigaran si hay más víctimas. El mismo juez que dictó la cautelar, ahora autorizó al Gobierno provincial a comenzar los trabajos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la Justicia federal jujeña que ordene la paralización del inicio de obras en un predio del Ejército donde se cree que podrían hallarse más restos de personas desaparecidas, a efectos de resguardar los elementos de prueba en causas por delitos de lesa humanidad.
La presentación de la Secretaría, a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, advierte que el incumplimiento de la medida cautelar desconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas y a obtener justicia, y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento, sanción y reparación por los crímenes de lesa humanidad.
Cabe recordar que el 8 de julio de 1976 fueron hallados en los predios del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM20), más precisamente en el polígono de tiro ubicado en Alto Padilla, los restos de Dominga Álvarez de Scurta, luego enterrados como NN hasta que en 1984 se logró su identificación después de la exhumación ordenada por la justicia.
Por esta razón, hace apenas dos meses el juez Eduardo Hansen del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy dictó la medida cautelar que protegía las zonas de Alto Padilla y Puesto Mendoza, ubicadas sobre la ruta nacional nº 9, pertenecientes respectivamente al Regimiento de Infantería 20 y al Grupo de Artillería 5, ambos del Ejército Argentino, hoy en poder de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
La medida cautelar, dispuesta en el marco de la causa “N.N. S/AVERIGUACIÓN DE DELITO. DENUNCIANTE: RUARTE, NÉSTOR ARIEL”, impedía realizar cualquier tipo de obra en los predios hasta que el el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos y Procesos Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu (LIDEPROJ) realizaran las investigaciones pertinentes.
Pero antes de que eso sucediera, y sin dar aviso a las partes involucradas, el juez Hansen aceptó abrir otra causa paralela, caratulada “PROVINCIA DE JUJUY c/ ESTADO NACIONAL s/EXPROPIACIÓN / RETROCESIÓN”, que trata sobre los mismos terrenos en litigio, en la que autorizó al Gobierno provincial a comenzar las obras de construcción de lo que sería la “ciudad judicial”.
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