En enero de este año, el juzgado federal 2 de Jujuy había dispuesto que las tareas de refacción del Cabildo Histórico debían preservar seis sectores declarados de interés por la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entre febrero y mayo, a instancias del juzgado federal, se concretaron reuniones para consensuar un proyecto que tuviera en cuenta la voz de los organismos de derechos humanos. Sin embargo, mientras se realizaban esos encuentros de trabajo, las autoridades provinciales decidieron avanzar con las obras.

Frente al incumplimiento de las medidas, el miércoles 15 de junio el juez federal subrogante Julio Leonardo Bavio ordenó suspender toda excavación, refacción, remodelación y/o construcción del lugar donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Comando Radioeléctrico”.

Paralelamente, la Secretaría de Derechos Humanos, autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, se presentó este jueves como querellante en la causa penal que se inició el año pasado por la denuncia de HIJOS Jujuy.

La presentación realizada ante el Fiscal Federal Federico Zurueta, quien tiene a su cargo la causa FSA 5785/2021 caratulado “N.N. S/Averiguación de delito. Denunciante: Asociación Hijos-Jujuy”, solicita que se esclarezca la posible responsabilidad penal del Gobernador Gerardo Morales, la Secretaria de Derechos Humanos Marcela Infante, el Director de Arquitectura Horacio Calsina y el Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda Carlos Stanic, todos ellos funcionarios de la Provincia de Jujuy, por el delito de daños, violación de deberes de funcionarios públicos y desobediencia, previstos en los artículos 184 inciso 5, 239 y 248 del Código Penal.
Jujuy: ante la destrucción del sitio de memoria Comando Radioeléctrico y Jefatura de Policía de la Provincia por parte del gobierno provincial, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa penal

La destrucción del sitio de memoria donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Comando Radioeléctrico” se produjo durante la refacción que lleva adelante el gobierno provincial en el Cabildo Histórico, donde funcionó la jefatura de la Policía jujeña. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa que investiga el rol de funcionarios políticos de Jujuy en la destrucción del sitio de memoria.

En enero de este año, el juzgado federal 2 de Jujuy había dispuesto que las tareas de refacción del Cabildo Histórico debían preservar seis sectores declarados de interés por la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entre febrero y mayo, a instancias del juzgado federal, se concretaron reuniones para consensuar un proyecto que tuviera en cuenta la voz de los organismos de derechos humanos. Sin embargo, mientras se realizaban esos encuentros de trabajo, las autoridades provinciales decidieron avanzar con las obras.

Frente al incumplimiento de las medidas, el miércoles 15 de junio el juez federal subrogante Julio Leonardo Bavio ordenó suspender toda excavación, refacción, remodelación y/o construcción del lugar donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Comando Radioeléctrico”.

Paralelamente, la Secretaría de Derechos Humanos, autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, se presentó este jueves como querellante en la causa penal que se inició el año pasado por la denuncia de HIJOS Jujuy.

La presentación realizada ante el Fiscal Federal Federico Zurueta, quien tiene a su cargo la causa FSA 5785/2021 caratulado “N.N. S/Averiguación de delito. Denunciante: Asociación Hijos-Jujuy”, solicita que se esclarezca la posible responsabilidad penal del Gobernador Gerardo Morales, la Secretaria de Derechos Humanos Marcela Infante, el Director de Arquitectura Horacio Calsina y el Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda Carlos Stanic, todos ellos funcionarios de la Provincia de Jujuy., por el delito de daños, violación de deberes de funcionarios públicos y desobediencia, previstos en los artículos 184 inciso 5, 239 y 248 del Código Penal.

La destrucción del sitio de Memoria “Comando Radioeléctrico” no es un hecho aislado. Esta situación se repite en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM 20) de la ciudad de Alto Padilla donde, aunque persiste la medida de no innovar por denuncias de posibles enterramientos clandestinos, el gobierno de la Provincia de Jujuy desoyó la medida cautelar y avanzó con topadoras en el lugar.

Sobre el sitio de memoria “Comando Radioeléctrico”
Tanto el Estado nacional como el provincial han reconocido que en el predio del Cabildo funcionó durante la última dictadura cívico-militar un centro clandestino de detención denominado “Comando Radioeléctrico”. Hay numerosos testimonios de sobrevivientes que señalan el edificio como un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad y así lo tuvo por acreditado la justicia.

En 2016, el lugar fue declarado sitio de memoria por la Provincia de Jujuy a través de la ley provincial 5931 y en marzo de 2019 fue señalizado por el Estado Nacional en los términos de la ley nacional 26.691.

Sobre el sitio de memoria “Comando Radioeléctrico”
Tanto el Estado nacional como el provincial han reconocido que en el predio del Cabildo funcionó durante la última dictadura cívico-militar un centro clandestino de detención denominado “Comando Radioeléctrico”. Hay numerosos testimonios de sobrevivientes que señalan el edificio como un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad y así lo tuvo por acreditado la justicia.

En 2016, el lugar fue declarado sitio de memoria por la Provincia de Jujuy a través de la ley provincial 5931 y en marzo de 2019 fue señalizado por el Estado Nacional en los términos de la ley nacional 26.691.