Luego de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmo el 13 de diciembre de 1983 el decreto 158 que daba pie al comienzo del proceso judicial. Dos días después, se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. En unas 530 horas de audiencia declararon 839 testigos en la denominada "causa 13". El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.

El fiscal fue Julio César Strassera, y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. Los letrados usaron como base probatoria el informe "Nunca más", realizado por la CONADEP.

La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos donde fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.

Mientras que el tribunal absolvió a Omar Rubens Graffigna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. La sentencia fue leída por León Arslanián, el presidente de la Cámara Federal, y se transmitió por Cadena Nacional.

Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. Sus declaraciones en el juicio resultaron definitorias para condenar a los ex jerarcas del régimen que mató y desapareció a 30 mil argentinos y argentinas.

Memoria, verdad y justicia

Poco tiempo después de esa sentencia histórica, llegarían las presiones y los alzamientos carapintadas, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas por el Congreso y que garantizaron la impunidad de asesinos y torturadores durante años. También llegarían los indultos a los genocidas que firmó el ex presidente Carlos Menem a poco de asumir.

La lucha de los organismos de derechos humanos lograría, junto con el impulso del gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, el inicio de un proceso de memoria, verdad y justicia.

En 2003 una ley declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, algo que fue ratificado por la Corte Suprema en 2005 cuando las declaró inconstitucionales.