Migraciones, en tres años, ya lleva 680.000 personas radicadas, es una cifra impresionante, de las más importantes del mundo y la más alta de Latinoamérica. Estar radicado en nuestro país significa ser acreedor de un montón de derechos”, expresó García en el inicio del encuentro.

En ese sentido agregó que “hay que entender claramente que la Argentina tiene que estar abierta a todos los hombres que vienen a trabajar, estudiar y producir para hacer más grande el país y, por supuesto, ser más restrictivo con quienes vienen con otros fines a romper el contrato de confianza. Respecto de estos últimos debemos tener un sistema que sea rápido, ágil, justo y equilibrado. Así, dejamos de hablar de este tema, que es menor, porque sólo abarca a una pequeña porción de los migrantes y nos dedicamos a hablar del verdadero tema, qué queremos hacer con la gente de bien”.
Por su parte, Ferrari afirmó: “Tenemos una situación crítica con respecto a la cantidad de detenidos. Incomoda como país que personas del exterior vengan y cometan delitos en nuestro país y que todo el sistema tenga que administrar luego todo el sostenimiento de esa persona durante el tiempo que cumple con la pena. Es realmente justo que sea remitido a su país y que los recursos de los argentinos sean para aquellos extranjeros que vienen a trabajar honesta y legítimamente”.

En la primera mesa de trabajo, en la que se abordó el tema de la función del Estado en materia migratoria, Conte-Grand sintetizó en cinco puntos los principales aspectos enlazados de la política migratoria, básicamente en relación con lo histórico y la Constitución, el sistema federal, el contexto internacional, el federalismo y el principio de unidad del Estado, y los convenios que se firman entre instituciones atados a las políticas públicas.

A su turno, Xavier Areces, jefe de Servicio Penitenciario Bonaerense, se refirió al funcionamiento de las unidades penales y al intercambio de información según los objetivos propuestos y de acuerdo al estricto cumplimiento de las leyes.
Asimismo, en la ocasión se firmó el Protocolo Adicional al convenio de colaboración que la DNM había suscripto con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en 2017, que tiene la finalidad de agilizar las comunicaciones entre ambas instituciones en procesos penales seguidos contra ciudadanos extranjeros y de involucrar la figura de extrañamiento en aquellos casos en que la pena en expectativa sea de cumplimiento condicional, aunando criterios, optimizando esfuerzos y fijando estrategias conducentes a un eficaz accionar dentro de las esferas de las respectivas competencias.

A continuación, en la segunda mesa se explayaron el director de Extranjeros Judicializados de la DNM, Sergio Franco, y el juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4, Marcelo Peluzzi. La problemática abordada fue acerca de los extranjeros en conflicto con la ley penal desde la óptica de la Ley 25.871 y sobre la situación del extranjero condenado ante el proceso de ejecución penal. Dada la temática, tuvo lugar una ronda de preguntas de los asistentes.

Finalmente, el tercer panel versó sobre la perspectiva de la política criminal en relación a los extranjeros condenados. Sobre esta cuestión expusieron Xavier Areces, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense; el director de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense, Daniel Lago; Maximiliano Veloso, director Provincial de Asuntos Contenciosos y Florencia Serdán, directora de Asuntos Contenciosos en Alojamientos Transitorios.