La Oficina Anticorrupción (OA) abrió un espacio de construcción colectiva para la reforma de la Ley 25.188 que está acompañado de encuentros e instancias de intercambio con una mirada plural y federal. El proyecto puesto a discusión contempla a los tres poderes del Estado y a las vinculaciones entre el ámbito público y el privado.

En este marco, la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CSC) consideró necesario sumarse al debate, generando un espacio para el análisis del proyecto de reforma, el intercambio de opiniones y la posterior presentación de propuestas a través del mecanismo de elaboración previsto.

Es por ello que la CSC organizó la jornada “Discusiones en torno al Proyecto de reforma de la Ley Nacional de Ética Pública: análisis y propuestas”. En el encuentro expertos en la temática brindaron sus opiniones y análisis. Además, se abrió la posibilidad de intercambiar ideas con los asistentes a la actividad.

En la apertura del encuentro, Ángel Bruno, presidente de la CSC, destacó que la reforma se realice a través del sistema de elaboración participativa de normas, dado que así se permitirá “generar cierto consenso” para que los aportes sean tenidos en cuenta en el anteproyecto.

“La llave del combate contra la corrupción está en la prevención”, dijo Bruno refiriéndose a la característica principal del anteproyecto. Sobre la protección de testigos y denunciantes, sostuvo que “La Convención Interamericana Contra la Corrupción pide que haya un sistema claro, específico y completo, que en el país no existe. Este proyecto abre las puertas para formalizar este pedido que nos hace la Convención”.

Luego, se refirió a las nuevas herramientas propuestas en el anteproyecto para mejorar el control y seguimiento de los conflictos de intereses. “Otra cosa novedosa, y muy valiosa, es la prohibición que el funcionario sea propietario de una sociedad offshore”. Para Bruno, este tipo de sociedades es “una trama de opacidad que claramente está hecha para tapar actos de corrupción, en sentido amplio”.

A continuación, Félix Crous, titular de la OA, sostuvo que “la filosofía que inspira o que impregna este proyecto está atravesada por las ideas con las que nosotros y este gobierno instalamos frente a la gestión de la cosa pública: la integridad y la transparencia no es un fin en sí mismo, no tenemos una visión moralizadora, un paradigma en el que todos acuerdan que es insuficiente. Pensamos desde una visión virtuosa e instrumental en la cual la gestión de la riqueza producida por la sociedad no sea apropiada por las elites. Tenemos una mirada en perspectiva público privada”.

Del mismo modo, dijo que hay una “necesidad de incorporar a otras coordenadas según la cual hoy no puede pensarse ninguna estrategia de gobernanza. No es posible tener una mirada monocorde, hay vectores transversales a todas las cuestiones y el debate público mundial acerca de todos los temas lo marcan” y agregó que “tenemos una mirada relacional del tema de la corrupción, no estática ni donde hay un actor pasivo y otro activo, y lo entendemos como una de las formas de apropiación por parte de las elites sociales de las riquezas que la sociedad”.

Sobre la incorporación de nuevas perspectivas, Crous afirmó que “toda acción del poder y del poder público debe estar determinada por el imperativo ético de instalar la perspectiva de género y llevar acciones concretas de afirmación de la igualdad de género, no solamente trabajar en la perspectiva sino en acciones específicas que aporten a revertir esta injusticia histórica”. “Del mismo modo lo es trabajar junto con el sector privado en la elaboración de herramientas y acciones concretas desde la buena fe recíproca, desde la idea de que formamos parte de la sociedad donde cada uno cumple un rol en la vida comunitaria y que podemos partir de un acuerdo de que todos perseguimos el bien común y en este sentido construir estándares del sector privado, para que nuestras acciones sean más provechosas en cuanto a los objetivos de mejorar el bienestar de nuestro pueblo”, remarcó Crous.

Otra de las cuestiones que resaltó el titular de la OA en su exposición fue la incorporación de “nuevas definiciones y pautas sobre conflictos de interés, prohibición de cuentas en países de baja o nula tributación y de no cooperantes con las políticas de transparencia sobre las cuestiones tributarias” ya que “para toda actividad hay que resignar algo y quien cumple el alto honor de ser funcionario público para servir a la función tiene que resignar la posibilidad de mantener su patrimonio en esas plazas en las cuales el control puede verse dificultada”.

En su participación, Félix Crous declaró: “Estamos trabajando en un registro de actividades de gestión de intereses, en este sentido replicamos el modelo de la ley de integridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recientemente sancionada casi por unanimidad. Una ley interesante porque adquiere el modelo de una agencia anticorrupción basada en la política pública dejándole las tareas judiciales y policiales a los organismos que tienen especialidad para eso, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es el sentido que le hemos asignado a la gestión”.

En ese contexto, Crous expresó: “Queremos una nueva Ley de Integridad que contenga a los tres poderes con autoridades de aplicación propias, que le otorguen una estructura y autonomía de gestión propia de la autonomía de estos dos poderes del Estado -y ministerio público-”. Y agregó: “nos hacemos cargo de que hay un punto que tiene que ver con la autonomía, independencia de los poderes, pero convendría recordar que por sobre todos los poderes del Estado está la Constitución Nacional y la ley que nos rige a todos”.

Más tarde, Carlos Balbín, Juez de Cámara y titular del Centro de Estudios sobre Transparencia de la Facultad de Derecho de la UBA, ponderó el anteproyecto. “Es central en términos institucionales esta ley. Celebro porque es una ley básica. El trabajo que ha hecho la OA a través de la elaboración de este anteproyecto es muy positivo. Si comparamos el texto que elaboró la OA en 2018 con este, vemos un avance importante con respecto a lo que ya ha propuesto la propia OA”, dijo.

A continuación, Balbin detalló los “aspectos controversiales” que a su entender deben ser examinados. “Las cuestiones técnicas, que en principio son menores, en la práctica son relevantes para aplicar la ley”. Entre otros, destacó la necesidad de reformular el concepto de “acto”, los deberes implícitos de los funcionarios, y la presentación de Declaraciones Juradas en las sociedades estatales.

Sobre las medidas anti nepotismo planteadas, Balbin afirmó que las compartía plenamente. “¿Por qué no es posible ingresar al Poder Judicial y al Estado Nacional por concurso público?”, se preguntó.

“Mi mirada tiene que ver con que la ley guía la conducta de los funcionarios y cómo eso incide en el sector privado y la sociedad civil”, adelantó Rocío Dell´Oro, Compliance Officer. Dijo además que la actualización de la ley es necesaria después de tantos años para “crear una cultura orientada al servicio público”. Destacó la elaboración participativa de la norma como un eje más del trabajo en conjunto de los sectores público y privado. También remarcó los cambios previstos en el control de los conflictos de intereses. “Un enfoque descriptivo nos permite implementar de manera efectiva cómo identificar este conflicto potencial o real”, sostuvo.

A su turno, Mariana Regueira, Directora del Centro de Competencia Compliance de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) resaltó la “construcción colectiva” de la nueva ley y que “la que tenemos en vigencia desde hace 20 años, dejó afuera aspectos de la agenda de integridad actual sobre la cual esta elaboración participativa nos va a permitir incorporar nuevas normativas que fueron surgiendo”. En el mismo sentido destacó “un tema fundamental sobre cómo fortalecer las instituciones, al sector privado, allí la escuela de gobierno sobre integridad pública es una herramienta clave” y un “pilar fundamental que puede contribuir a mejorar la confianza en el vínculo público privado y de la ciudadanía con los funcionarios y empezar a generar más cultura de integridad”.

El último orador de la jornada fue Gabriel Quintana Landau, fiscal de la Procuraduría Nacional de Investigaciones Administrativas, quién se mostró satisfecho con la reunión dado que “cumple todas las expectativas de máxima” debido “al carácter interdisciplinario que le están dando al encuentro”.

Sobre el anteproyecto, afirmó que “lo vemos como superador a lo existente, porque ha sabido receptar todas las problemáticas que desde el Ministerio Público -y en el trámite de las causas- se ven a la hora de tratar hechos de corrupción. Las soluciones reglamentarias ayudan enormemente ante casos concretos. Uno tiene en vista la transparencia y la prevención, pero cuando vamos a los casos concretos, la porosidad o esas ventanas nos privan de ejercer nuestras funciones como queríamos”.

El fiscal destacó que el proyecto recopila muchas normas dispersas en una sola ley. “A nosotros este tipo de circunstancia nos facilita la tarea”, y agregó que “los principios que se incorporan son de suma utilidad porque son los que van a enmarcar el caso concreto. Los principios cumplen un rol dentro de la reglamentación que debe ser destacado. Son constantemente utilizados a los efectos de saber si el funcionario ha cumplido o no con su deber”.

Tanto el proyecto de Ley como la convocatoria para su elaboración participada están disponibles en la web de la OA.