El Ministerio de Seguridad suscribió un convenio marco y dos actas complementarias con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para coordinar políticas de lucha contra la violencia institucional en las Fuerzas de Seguridad. Ambas jurisdicciones acordaron desarrollar cursos de capacitación a efectivos policiales e intercambiar información, promoviendo particularmente las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en Condiciones de Vulnerabilidad", aprobadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es la primera vez en Latinoamérica que se brinda un curso de capacitación a efectivos policiales, resaltando así el importante rol que éstas poseen en acercar la justicia a la ciudadanía

"Ambas agencias del Estado tienen el fin de remover barreras estructurales y facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población. La capacitación de los distintos operadores involucrados en la materia servirá para consolidar las instituciones democráticas", dijo Garré.

Uno de los convenios firmados en el Ministerio de Seguridad, establece que el Ministerio Público de la Defensa aportará los recursos materiales y humanos a los cursantes, personal de las fuerzas policiales y de seguridad, mientras que la cartera de Seguridad se ocupará de la convocatoria.

El segundo acuerdo revista el intercambio de información sobre los hechos de tortura y otras formas de violencia institucional registrados en dependencias pertenecientes a las fuerzas de seguridad. También incluye los casos en los que haya participación del personal perteneciente a dichas fuerzas federales.

Ambas funcionarias acordaron disponer recursos de la Dirección Nacional de Derechos Humanos (DNDH), del Ministerio de Seguridad, y la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Torturas y Otras Formas de Violencia Institucional (URT), que funciona bajo la órbita de la Defensoría General de la Nación, para llevar adelante estas tareas.

Mediante este convenio, la URT proporcionará las denuncias recibidas por hechos de tortura y violencia que involucren a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En tanto, la DNDH informará los avances de las investigaciones en cada uno de los casos informados.