Las investigaciones iniciaron en abril, a raíz de una Manda Judicial emanada desde la Fiscalía Federal de Posadas, con intervención del Juzgado Federal de la misma ciudad, mediante la cual se ordenaba identificar a los integrantes de una banda criminal dedicada a la estafa y extorsión telefónica, cuyas víctimas eran distintas Unidades de Gendarmería y sedes judiciales del fuero federal y provincial.

El engaño era perpetrado mediante llamadas telefónicas por personas que, haciéndose pasar por funcionarios a través de nombres falsos y diciendo pertenecer a Juzgados o Fiscalías Federales inexistentes, intentaban obtener información sensible. Esta modalidad, conocida como “vishing”, consistente en el uso de una línea telefónica convencional e ingeniería social, datos de público conocimiento e información accesible desde las redes sociales para engañar a personas y obtener información privada.

Tras meses de trabajo coordinado entre la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Fuerza y las Unidades de Reunión de Información de Buenos Aires, Misiones y Jujuy, fue posible identificar a los estafadores, tratándose de personas privadas de su libertad en la provincia de Jujuy, quienes guardaban lazos familiares entre sí. Uno de ellos se encontraba detenido en un establecimiento penal de la ciudad de San Salvador de Jujuy, mientras que el resto cumplía con prisión domiciliaria en un inmueble de la misma ciudad, por delitos relacionados a la comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos permitieron corroborar que los investigados utilizaban aparatos de telefonía celular y dispositivos electrónicos para cometer los ilícitos, tras lo cual los Magistrados intervinientes dispusieron el secuestro de los elementos hallados: teléfonos celulares, notebooks, tarjetas bancarias, cuadernos con anotaciones y documentación de interés para la causa, en infracción a los Artículos Nº 172 y Nº 173 del Código Penal Argentino.