La investigación, que contó con 22 allanamientos y finalizó con 40 detenidos, fue efectuada por agentes de la División Defraudaciones y Estafas, de la Policía Federal Argentina, con el apoyo de la policía y la embajada de la República Popular de China.

El trabajo de inteligencia permitió incorporar a la causa elementos que involucrarían a estos individuos en el ejercicio de tareas de extorsión, intimidación, distribución de carteles para la identificación de los supermercados que acataban sus amenazas, como también los encargos de atentados hacia aquellos que demoran en pagar o ignoran sus requerimientos de dinero.

Otra de las aristas descubiertas durante la pesquisa fue la interrelación con criminales de otras nacionalidades (peruanos, paraguayos, argentinos), a través de los cuales la organización tercerizaba las amenazas y los ataques, con el objetivo de evitar ser vinculados en forma directa con los delitos.

Los procedimientos, asimismo, permitieron la remisión de cuarenta ciudadanos, de las cuales la mayoría quedaron detenidas en orden a distintos delitos, tales como los de extorsión, tenencia ilegítima de arma de fuego; atentado y resistencia a la autoridad calificados por el uso de arma de fuego y lesiones; infracción a la Ley Federal sobre estupefacientes; atentado y resistencia a la autoridad, entre otros.

Además de las cuarenta personas afectadas en la investigación, el procedimiento dejó como resultado el secuestro de catorce armas de fuego y municiones, 149 mil pesos, 3700 dólares, 4 vehículos, sustancias estupefacientes, aparatos de telefonía celular y otra documentación de interés para la causa.