Alonso hizo hincapié en la necesidad de cooperación entre los sectores público y privado para prevenir la corrupción. En ese marco, pidió que el Congreso apruebe la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria: “Vamos a hacer todo lo posible para que se sancione la ley. Antes se le echaba la culpa a los servidores públicos por la corrupción, pero yo creo que se necesitan dos para bailar el tango. La mayor parte de la sociedad no sólo culpa al sector público sino también al sector privado”.

En esta línea, enfatizó que Argentina es el único país de los que han ratificado la Convención Antisoborno de la OCDE que aún no tiene Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, lo cual la hace una ley fundamental. Y agregó: “Queremos prevenir los problemas y crear un entorno propicio para la integridad. Yo le pido a las empresas que no hagan regalos. El problema no es sólo el comportamiento del funcionario en cuestión sino también la empresa que hace regalos a las autoridades”.

Por su parte, celebró que ayer firmó la adhesión de Argentina a la nueva Recomendación de Integridad Pública de la OCDE. Al respecto, manifestó: “Yo quisiera que hablemos de los valores y de la conducta. Aquellas sociedades que admiramos tienen mejores instituciones, y estas instituciones son mejores porque son abiertas, transparentes y responden a las demandas de la sociedad. Tenemos que tener reacciones institucionales a la corrupción. Éstas se generan con mejores prácticas y con un cambio de mentalidad y de comportamiento”. Junto con esta adhesión, Argentina acordó con la OCDE la realización de un Estudio del Sistema de Integridad de Argentina.