El Tribunal Oral Federal de Formosa comienza a juzgar este viernes a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, exjueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, por haber omitido investigar el secuestro de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial durante la última dictadura cívico-militar. La audiencia arrancará a las 8.00 y se podrá seguir en este siguiente link.

Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.

Montoya y Vázquez Rey fueron nombrados como ministros del máximo tribunal provincial en mayo de 1976 por el entonces gobernador de facto de Formosa, el coronel Juan Carlos Colombo.

Las 8 víctimas eran empleadas en diferentes áreas de la justicia provincial y muchas de ellas integraban la Asociación Judicial de Formosa. Fueron secuestradas entre agosto y octubre de 1976 y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.

Según se pudo reconstruir en la investigación, los entonces ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa recibieron informes del jefe del Área Militar 234 en los que las autoridades militares asumían la responsabilidad sobre las detenciones ilegales. Los jueces omitieron corroborar la legalidad de esas detenciones y las condiciones en las que fueron mantenidos cautivos y por el contrario, a partir de esos informes, decidieron cesantear o suspender de sus tareas a las víctimas.

Otros dos miembros del máximo tribunal provincial durante la dictadura, Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, también estuvieron acusados por estos hechos, pero fallecieron antes de que el expediente fuera elevado a juicio.

El avance sin demoras de estas causas, en particular en las que se investiga la responsabilidad de actores civiles, es una de las prioridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Además de asistir al inicio del juicio, el secretario Pietragalla Corti viajará para firmar un convenio con el gobierno provincial para la realización de acciones de formación en materia de derechos humanos destinada a fuerzas de seguridad y personal del servicio penitenciario de acuerdo a su rango y función específica. De este modo, se busca brindar herramientas de actuación acordes a los estándares Internacionales en materia de derechos humanos.

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