Tal como se viene denunciando desde las querellas, la causa que investiga el femicidio— ocurrido en abril del año pasado en Capilla del Monte— está repleta de irregularidades. El joven Lucas Bustos es el único imputado y detenido, pese a que no existe en el expediente ninguna prueba fehaciente de que haya estado en contacto con la víctima.

La única evidencia que pesa sobre el acusado es una supuesta confesión realizada en una comisaría, cuyos únicos testigos son dos agentes a quienes Bustos denunció por torturas. Luego de ese hecho, y ya en sede judicial, el joven negó haber sido el autor del femicidio.

A partir de la detención de Lucas Bustos, se ordenaron pruebas de ADN y otras pericias biológicas que arrojaron resultados negativos respecto de la presencia de Bustos en el lugar del hecho y de un posible contacto con Cecilia.
El joven es miembro de una familia campesina humilde que habita en la zona, más precisamente a unos 3,5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Basaldúa. Ese solo hecho y su supuesta confesión en sede policial son los argumentos que sostienen su detención y con los que la fiscal Kelm busca cerrar ahora la investigación.

Es por ello que tanto la familia como la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron en reiteradas ocasiones que se profundice la investigación respecto de Mario Mainardi, en cuya casa se hospedaba la víctima y que, además, fue la última persona que la vio con vida. Hace unos meses apareció un audio anónimo de WhatsApp en el que una supuesta testigo sindicaba a Mainardi, a dos policías y a una mujer como los autores del crimen. Esta pista fue desechada por la fiscal sin siquiera intentar identificar a la testigo.

El último viernes, y mientras quedaban pendientes pruebas de gran importancia —entre ellos el análisis de restos de sangre en las paredes de la casa de Mainardi—, las partes recibieron la noticia de que la fiscal Kelm había resuelto cerrar la investigación y elevar la causa a juicio acusando como único autor del femicidio a Lucas Bustos.

“La decisión de la fiscal nos preocupa mucho, porque hay una persona detenida sin pruebas y hay otros sospechosos a los cuales no se ha investigado. Justo en el Día Internacional de la Mujer, cuando tanto el presidente como la vicepresidenta están alertando de que necesitamos cambios en el Poder Judicial para terminar con los femicidios, tenemos una fiscal que nos vuelve a poner en evidencia a un Poder Judicial que no funciona y que es parte del problema”, señaló el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Por su parte, Daniel Basaldua y Susana Reyes, padres de Cecilia, manifestaron: “En este momento tenemos mucha impotencia y rabia, pero también tenemos mucha más fuerza que nunca. No nos van a parar hasta que lleguemos a la verdad. Pase lo que pase y caiga quien caiga”.