La nota titulada “Negocio a medida de los importadores”, publicada el 13/11/2018 en el diario Página 12 por Fernando Krakowiak, arroja aseveraciones desacertadas y lejanas de la realidad y de las proyecciones de la industria nacional en relación a su participación en la cadena de valor eólica. A fin de echar luz sobre tales cuestiones valen algunos comentarios.

Primeramente, el autor rescata las iniciativas que en materia de renovables desplegó el kirchnerismo, dando cuenta de la concreción de “varios emprendimientos” y apuntando a la escasez de financiamiento como el principal y único limitante para su efectivo despegue en aquel entonces. La realidad es que el Programa GENREN, creado por la Resolución 712 de año 2009, y de la Resolución 108 de 2011, si por algo se destacó fue por sus magros resultados. De un total de 52 proyectos adjudicados por una potencia de 1.200 MW, apenas se habían habilitado 270,1 MW hacia el final de la anterior gestión.

El verdadero desarrollo de las fuentes renovables de energía en Argentina no sucedió sino hasta el arribo del Presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015. Y ello fue así porque hubo decisión política de que así fuera. La atracción de inversiones de largo plazo, como las necesarias en los proyectos de generación eléctrica de fuentes renovables, depende de una diversidad de factores, entre los que se encuentra pero no se limita, el acceso al financiamiento. La existencia de un marco regulatorio sólido y creíble, provisto de un esquema de beneficios fiscales y respaldado por un sistema de garantías que otorgue certidumbre y previsibilidad, constituye un pilar fundamental de toda política que propenda a desarrollar sectores de alta intensidad de capital y largos períodos de maduración. El éxito del Programa RenovAr, reconocido a nivel internacional, así lo demuestra.

En cuanto a la participación de la industria nacional en el proceso vale decir que los resultados distan de lo expresado por el autor de la nota. La integración de componente nacional, considerando todas las tecnologías, pasó del 14% en la Ronda 1 al 30% en la Ronda 2, lo que implica que en tan sólo un año se logró más que duplicar la participación de la industria local. En el caso de la tecnología eólica, los datos son aún más reveladores: se pasó de un 11% en Ronda 1 a un 37% en Ronda 2, con proyectos provistos casi en su totalidad con equipos de origen nacional.

Ello fue posible gracias al trabajo mancomunado del sector público y privado para crear las condiciones regulatorias, técnicas y económicas que posibilitaran la inserción de la industria nacional en la cadena global de valor de la tecnología eólica, de la mano de los principales fabricantes de aerogeneradores a nivel mundial.

En contraposición a lo que el autor de la nota cuestiona cuando afirma que el Estado Nacional “ni siquiera exigió un porcentaje mínimo de integración nacional para acelerar las construcciones”, la decisión política fue convertirla en una opción conveniente de cara a los proyectos, y no en un mandato que pudiera afectar el objetivo de lograr menores precios de generación de energía en relación a los que prevalecieron durante la gestión anterior, que alcanzaron los 129 USD/MWh para la tecnología eólica y los 597,8 USD/MWh para la solar fotovoltaica. Muy por encima de los 59,4 USD/MWh obtenidos de la Ronda 1 y 40,9 USD/MWh en la Ronda 2 para la eólica; y los 59,7 USD/MWh y 42,8 USD/MWh respectivamente, para la solar.

La realidad demuestra que fue la decisión correcta, en la medida que cada vez son más los desarrollos que revelan su preferencia hacia el contenido nacional sin afectar con ello la tendencia declinante en los precios obtenidos, gracias a los incentivos del marco regulatorio sustentado la Ley 26.190, modificada y ampliada por la Ley 27.191, la Resolución Conjunta del ex Ministerio de Energía y ex Ministerio de Producción N° 1 y el Decreto 814 del año 2017.

Mediante la resolución mencionada se establecieron las condiciones y niveles de integración de componente nacional que deben cumplir los aerogeneradores para ser considerados nacionales y posibilitar a los proyectos la percepción del certificado fiscal. Por su parte, a través del Decreto 814, norma que el autor omite mencionar pero que constituye una pieza fundamental del marco regulatorio, se pautaron exenciones arancelarias para la importación de insumos y bienes finales que no contaran con fabricación nacional y se elevó al 14% el arancel para los aerogeneradores importados, arancel que en la administración anterior se mantenía en 0% para quien decidiera importar el aerogenerador entero en contrario al interés de la fabricación nacional. En conjunto, ambas normas posibilitaron que la fabricación local de aerogeneradores fuera una opción competitiva y conveniente para los proyectos adjudicados en el marco del Programa RenovAr y para los que participan del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que al día de hoy solo bajo ese mecanismo suman 51 proyectos por 1.263 MW con prioridad de despacho, universo que el autor olvida mencionar.

En nuestro país, actualmente hay 91 proyectos entre aquellos que ya han ingresado en operación comercial y los que están en plena construcción. Los mismos representan 3.334 MW con una inversión estimada de 4.755 millones de dólares en plena ejecución. En dos años y medio de gestión fueron habilitados 17 de estos nuevos proyectos de generación de energía eléctrica de fuentes renovables, por una potencia instalada de 418,3 MW. En cuanto a la tecnología eólica, los proyectos en marcha son 42 y representan 2.375,6 MW, con una inversión estimada de 3.464 millones de dólares: cinco de ellos ya están en operación comercial.

Respecto al sendero de integración nacional previsto en la normativa y las implicancias en términos de insumos y procesos asociados, vale decir que fue el resultado de un análisis pormenorizado de la capacidad efectiva y potencial de la industria local, que contó con la participación y consenso de las cámaras empresariales. El proceso que se inicia con la radicación de Vestas en la Argentina de la mano de Newsan promete ser mucho más que una planta de ensamblaje, como sugiere el autor. Supone la incorporación de la industria nacional en una cadena de valor global, generando empleo genuino y abriendo nuevos mercados para los proveedores nacionales en un segmento de negocios con claras perspectivas de crecimiento en los próximos años incluso abriéndose al mercado de exportación.

Otra de las cuestiones que merece una aclaración refiere a los proyectos que fueron declarados como “proyecto crítico” en el marco de la Resolución 4 de 2017. El motivo por el cual se les concedió la prerrogativa de importar con arancel cero los aerogeneradores subyace en que se trataba de proyectos adjudicados en el marco de las Rondas 1, 1.5 y 202, convocadas con anterioridad a la promulgación del Decreto 814 de 2017 que fijó la elevación del arancel al 14%. A los fines de no alterar las reglas de juego que regían al momento de su adjudicación y no poner en riesgo el normal desarrollo de los proyectos fue que se entendió necesaria la promulgación de dicha norma. Nuevamente, la integración nacional debe ser concebida como una opción atractiva y beneficiosa para todas las partes, no como un mandato a cualquier costo, más si ello implica vulnerar la credibilidad de todo el marco regulatorio.
Como conclusión, se debe resaltar el creciente interés de desarrolladores, inversores y fabricantes mundiales de componentes que dan cuenta del valor de nuestros recursos naturales y humanos, y fundamentalmente de la credibilidad en el marco regulatorio que hemos logrado instaurar y debemos preservar. En ese contexto, la industria nacional debe seguir insertándose de un modo inteligente y sostenible en el tiempo, incorporando el conocimiento de los principales jugadores, agregando valor y ganando competitividad y prestigio a nivel internacional.