Con la sanción esta semana de las ordenanzas en los concejos deliberantes de Famatina (La Rioja) y San Miguel de Tucumán estableciendo la obligatoriedad de la difusión de la línea 145 en transporte y establecimientos públicos se culminó el último semestre del año involucrando a municipios de 15 provincias mediante 34 ordenanzas y dos provincias que sancionaron leyes.

Uno de los ejes estratégicos del plan bienal fue la profundización de la articulación federal entre el Estado Nacional con las Provincias y Municipios a los fines de lograr la máxima coordinación en la lucha para prevenir y perseguir el delito de trata de personas y para garantizar la restitución de derechos a las víctimas. Otro de los ejes fue garantizar el mejoramiento de los programas de restitución de derechos en el mediano y largo plazo. Las mesas, ordenanzas y leyes en las provincias apuntan en esa dirección.

Desde el Estado Nacional y entre los programas de restitución de derechos de mediano y largo plazo en estado de ejecución se destaca el Programa de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de Competencias laborales del Ministerio de Trabajo, mediante el cual varias decenas de víctimas rescatadas del delito de trata se están capacitando en oficios, percibiendo una remuneración durante un año y orientadas por el Ministerio a insertarse laboralmente en el ámbito público o privado.

En línea y articulación con las políticas públicas nacionales, se resaltó el creciente compromiso de provincias y municipios tendientes a garantizar, mediante leyes u ordenanzas, programas de reinserción laboral o cupos laborales destinados a asegurar capacitación y acceso al empleo para víctimas de trata, destacando que en los últimos cinco meses dos provincias (Catamarca y Chaco) han sancionado leyes de cupo y reinserción laboral y 17 municipios en 9 provincias ya han votado ordenanzas que garantizan capacitación y acceso al empleo para víctimas rescatadas del delito de trata (San Miguel de Tucumán, San Luis del Palmar, Virasoro, y Santa Lucía en Corrientes; Rawson en Chubut; Machagai en Chaco; Arauco y Chilecito en La Rioja, Mosconi, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Apolinario Saravia en Salta; Gobernador Gálvez en Santa Fe; Formosa Capital, El Dorado en Misiones y Malvinas Argentinas en Córdoba). Decenas de concejos deliberantes tienen en su agenda iniciativas similares que serán aprobadas en los inicios de las sesiones el año próximo.

Se destaca la campaña para visibilizar la línea anónima y gratuita 145 del Ministerio de Justicia para denunciar explotación sexual o laboral y la distribución de más de 60.000 calcos en todo el país. Entre agosto del 2020 y septiembre del 2021 ingresaron denuncias a la línea 145 de los 24 distritos de la Argentina, reflejando la visibilización y capilaridad en todo el país. Además, es creciente el número de municipios que votan ordenanzas estableciendo la obligatoriedad de difundir la línea 145 en taxis, remises y establecimientos públicos. Fueron 17 concejos deliberantes de 12 provincias los que votaron ordenanzas en esta dirección: Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria ( Santa Fé); Araujo, Chilecito, Famatina y La Rioja Capital; Chimpay y San Antonio Oeste (Rio Negro); San Antonio y Monterrico (jujuy); Ciudad de Catamarca; El Dorado (Misiones) Trelew (Chubut); Ciudad de Formosa y San Miguel de Tucumán.

Un fuerte trabajo de prevención y programas que garantizan el acceso a la capacitación y al empleo para las víctimas rescatadas del delito de trata son fundamentales para salvar vidas a tiempo o evitar la revictimización de aquellos que fueron explotados. El año que viene se profundizara esta línea de trabajo federalizando también el esfuerzo por universalizar un estatuto especial de acceso a la vivienda y otro que garantice el acompañamiento terapéutico todo el tiempo que fuese necesario. Ambas líneas ya se impulsan desde convenios marcos que deben ser ratificados por los consejos federales de vivienda y salud mental.