Un trabajo conjunto entre los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social de la Nación, en coordinación con la Justicia Federal, permitió encontrar y restituirle derechos a una joven que durante diez años había sido víctima de una red de trata de personas. Ese abordaje articulado, que comenzó a desarrollarse por el intento de la mujer para poder acceder a sus derechos, permitió devolverle su identidad. Así lo evaluaron la ministra Sabina Frederic y su par Daniel Arroyo junto a representantes de Cáritas, Red Solidaria y Scouts durante un encuentro virtual realizado esta tarde.

“Tenemos un Estado que escucha, que está atento y que genera mecanismos institucionales de articulación, con organismos propios y de la sociedad civil, para cubrir las demandas”, dijo el ministro Arroyo y destacó la formación del equipo que trabaja en la cartera que encabeza: “Son profesionales de excelencia que actúan con celeridad y eficacia porque tienen experiencia, redes, conocimiento y capacidad. Son de lo mejor que tiene el Estado”.

Por su parte, la ministra Frederic indicó: “Queremos sellar un trabajo que se ha materializado en la posibilidad de devolverle la identidad a una joven y a sus hijos, y que da cuenta del trabajo coordinado y articulado entre diferentes agencias del Estado y de la importancia que tiene la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de personas”.

El titular de Red Solidaria, Juan Carr, destacó el trabajo de los operadores y técnicos del Estado: “Alguien detectó una historia más allá de un pedido concreto, se comprometió, se dio cuenta que había otro camino que recorrer y disparó una trabajo articulado que fue mucho más allá de lo técnico. El Estado abrazó este caso de manera conmovedora”.

Carr señaló que “hay 600 familias que buscan a sus personas perdidas y esto les da esperanza” y subrayó: “Estoy muy contento con este hallazgo. Creemos que podemos sumar la fuerza de Caritas, de Scouts, de la Red porque es gente que hace lo que tiene que hacer pero también ve más allá y se compromete”.

Del encuentro, también participaron Marisa Martínez (Caritas), Pablo Bravo y Marina Rustan (Scouts), entre otros.

En mayo de 2020, la joven que decía llamarse C.A.O. M. se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Social vía los formularios webs para solicitar asistencia para ella y sus dos hijos, puntualmente para que tuvieran acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Al completar los trámites, se presentó con su verdadero nombre, que ella había dejado de utilizar.

Desde que huyó de Mendoza, hace 10 años, era buscada por la Justicia y por diferentes organizaciones no gubernamentales como Missing Children, y también por Interpol. En ese entonces tenía 14 años y era víctima de abusos, por lo que decidió escapar y cambió su nombre y apellido. Eso le impedía acceder a beneficios sociales para ella y sus hijos.

A partir de su contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la intervención específica del área de Coordinación Técnica de Asistencia Social Directa, se avanzó en un abordaje conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que dirige Leticia Risco.

En paralelo, se dio aviso a una fiscalía provincial, abocada a la averiguación de su paradero y la Justicia Federal, a cargo del Juez Walter Bento, y el fiscal federal Fernando Alcaraz, quienes investigaron la posible vinculación del caso con el delito de trata de personas.

También participó la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, que contactaron y contuvieron a la joven.

De ese modo, con el acompañamiento integral del Estado, se llevaron a cabo los trámites ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para obtener su DNI y el de sus hijos, y de ingreso a la AUH y la Tarjeta Alimentar, entre otras acciones.