En un mensaje grabado que difundió a través de sus redes sociales, el Presidente aseguró que los proyectos buscan que “todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”.

“Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, expresó.

Y señaló que la criminalización de la interrupción del embarazo no es efectiva: “Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa”, detalló.

Además, el mandatario afirmó que la legalización “no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve”, sino que “salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros”. “Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”, remarcó.

El Presidente citó los casos de Ciudad de México y Uruguay, donde la cantidad de abortos y las muertes causadas por ellos disminuyó a partir de la legalización. “Brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales”, explicó.

También consideró que “el aborto no implica una carga extra para el sistema de salud”, ya que “los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos”.

“El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino”, sostuvo.

El Jefe de Estado también indicó que “las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal” porque “deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica”.

En cuanto al Programa de los Mil Días, indicó que “busca bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.

Establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Al mismo tiempo, se extenderá la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasaría de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación. Y se ampliará el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

El Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes., y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.

“Propongo un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático”, afirmó, y pidió: “Cuidemos el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia. Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar”.