El presidente Alberto Fernández enviará al Congreso un proyecto de ley para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso laboral. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social articulará agendas con la OIT y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para llevar a cabo el proceso de ratificación.

Este convenio fue aprobado por la OIT en junio de 2019 y se aplica a todos los sectores, público y privado, de la economía formal e informal, en zonas urbanas y rurales. Alcanza a trabajadores y trabajadoras –cualquiera sea su situación contractual– pero reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y, sobre todo, quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son migrantes.

Además, contempla la extensión del lugar de trabajo, considerando los mensajes de WhatsApp, lo que sucede en la calle entre trabajadores y sus superiores jerárquicos o en un evento social vinculado al trabajo. A su vez establece como regla en los procesos de reclamo la inversión de la carga de la prueba, si procede, según el caso.

Las situaciones de violencia y acoso laboral suelen ocurrir a puertas cerradas, sin testigos y es muy difícil para la víctima probar lo ocurrido. Este principio, que debe conjugarse con el derecho de defensa y la presunción de inocencia, está expresado con clara perspectiva de género. Basta con que la víctima aporte indicios de que sucedió lo que denuncia para que sea el denunciado quien deba probar lo contrario. Otro aspecto novedoso es que reconoce el impacto en el ámbito laboral de la violencia doméstica, es decir, aquella que sufre la trabajadora en su hogar.

Si bien las definiciones de “violencia” y “acoso” varían de país a país, la OIT definió esos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”. De ese modo, se abarca el abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos. La norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico, por lo que sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante tecnologías de la información y la comunicación.

Cabe destacar que es la primera vez se establece en un instrumento internacional el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y que los convenios de la OIT, una vez que son ratificados por el Congreso, adquieren la misma jerarquía de los tratados internacionales y deben ser cumplidos por el Estado, que asume una responsabilidad internacional.

A partir de la ratificación, Argentina deberá adecuar su legislación al contenido del convenio y la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso laboral deberán incluirse en las leyes de nuestro país. Asimismo, la mediante la Recomendación 206 que lo complementa, la OIT llama a que el tema se incluya en los convenios colectivos de trabajo y sea materia de la discusión paritaria.

Si bien en Argentina existe jurisprudencia que reconoce la violencia y el acoso laboral como incumplimiento de las obligaciones patronales y violación de los derechos humanos, el Convenio 190 fija un marco común y claro para prevenir y abordar esta problemática con un enfoque integral, que tiene en cuenta las consideraciones de género.

El Convenio y la Recomendación fueron aprobados por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros de la OIT con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones.

“Enviaremos el proyecto de ley para la ratificación del Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que es una expresión unánime de la comunidad internacional”, afirmó el presidente Fernández, quien también lanzará un Plan Nacional Contra la Violencia por Razones de Género.

El director de la oficina de la OIT en nuestro país, Pedro Américo Furtado de Oliveira, sostuvo que “con esta decisión del presidente Fernández, Argentina podría convertirse en uno de los primeros países del mundo en ratificar formalmente este convenio”. Según él, “este tema cobró impulso gracias a las movilizaciones de mujeres alrededor del mundo, lo cual se vio reflejado en Argentina con movimientos como Ni Una Menos”. En esa línea, agregó que “Argentina es un socio fundacional de la OIT y un actor estratégico en el concierto de las Naciones Unidas, porque continúa demostrando que puede estar a la vanguardia y liderar temas de gran impacto social”.

Una vez que sea aprobado por el congreso, el Gobierno debe depositar formalmente el instrumento de ratificación ante la sede de la OIT en Ginebra, para que sea registrado por su director general. Para que el convenio entre en vigor, es necesario que al menos dos países lo ratifiquen y, a escala nacional, cada nación tiene doce meses para adaptar su legislación.