“Los países que formamos parte del bloque del MERCOSUR somos diversos y esas diversidades muchas veces se traducen en opiniones diferentes. Sin embargo, ante todo, nos hermana la voluntad política de debatir y consensuar para que las reivindicaciones de los movimientos feministas de nuestros países logren transformarse en derechos conquistados y en más igualdad”, afirmó Gómez Alcorta previo a dar cuenta de las distintas experiencias que se llevaron adelante desde el Gobierno nacional en materia de violencia, igualdad y políticas de transformación cultural.

El espacio fue creado por la decisión 24/2011 del Mercosur con la función de asesorar y proponer al Consejo del organismo medidas, políticas y acciones en materia de género. En esta ocasión, las actividades se desarrollaron durante dos jornadas –entre el jueves 9 y el viernes 10 de junio- en el que equipos técnicos y autoridades pusieron en común esquemas de trabajo y propuestas.

Hicieron parte de las reuniones, que se llevaron a cabo de manera mixta (presencial y virtual), funcionarios y funcionarias de los cuatro Estados Parte del organismo (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), así como de los Estados asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). En ese sentido, junto a Gómez Alcorta estuvieron: la ministra de la Mujer de Paraguay, Celina Lezcano; la secretaria nacional de Políticas para las Mujeres de Brasil, Ana Lucia Carvalho de Azevedo Muñoz dos Reis; la secretaria nacional de Familia de Brasil, Ángela Vidal Gandra da Silva Martins; y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, Mónica Bottero Tovagliare.

En el marco de las propuestas presentadas por la Presidencia Pro Tempore (PPTP) a cargo de Paraguay, la reunión se organizó en dos segmentos principales: el técnico y el ministerial. En el primero, realizado durante la jornada del jueves, debatieron sobre participación política de las mujeres; género trabajo e integración económica; violencia basada en género; prevención y abordaje de la trata de personas.

En la jornada del viernes, las autoridades presentaron las políticas más relevantes que han implementado desde la última reunión y compartieron reflexiones acerca de los avances y desafíos de la región en materia de igualdad de género. Los temas fueron el abordaje de las violencias por motivos de género; políticas de igualdad y cuidados; participación política; prevención y abordaje de la trata de personas; así como también la realización de la XV Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se realizará en Argentina entre el 7 y el 11 de noviembre de este año. También se escucharon exposiciones por parte de expertas en trata de personas y presupuesto con perspectiva de género, entre otros puntos. Se abordó, además, la implementación de la Recomendación MERCOSUR/CMC/REC. N° 04/21 sobre Sistemas Integrales de Cuidados; y las y los funcionarios dieron cuenta de las principales medidas tomadas en el contexto de la pandemia para el abordaje de violencias extremas como los femicidios/feminicidos, travesticidios y transfemicidios.

Cabe destacar que, en paralelo, se llevó a cabo la 55va Reunión de Ministros y Ministras de Justicia del MERCOSUR, en donde se aprobó el proyecto de Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Medidas de Protección para las Mujeres en Situación de Violencia de Género entre los Estados parte y Estados asociados que crea las Órdenes MERCOSUR de Protección (OMP). La propuesta fue impulsada por Argentina y se trabajó de manera coordinada entre los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país. Este acuerdo permite que la autoridad competente de cualquier Estado parte decrete una serie de medidas de protección para las personas que atraviesen una situación de violencia por motivos de género, que serán aplicadas bajo el principio de mutuo reconocimiento en los Estados que hagan parte del tratado, sin necesidad de llevar adelante otros procedimientos. Constituye una herramienta clave para mejorar el acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos, género y diversidad y, especialmente, de interseccionalidad.

Las medidas contempladas en el acuerdo son: prohibiciones de ingreso a determinados lugares donde la mujer reside o se encuentra temporalmente; la prohibición o restricción de contacto por cualquier medio con la persona destinataria de la medida; la prohibición o restricción de acercamiento, que podrá incluir el uso de dispositivos de geolocalización o rastreo; la suspensión de la tenencia, porte y uso de armas; y cualquier otra medida necesaria para garantizar la seguridad de las personas destinatarias y evitar la repetición de todo acto de violencia. El tratado pasará para su aprobación al Consejo del MERCOSUR, órgano superior integrado por los ministros y ministras de Economía y Relaciones Exteriores y entrará en vigencia 30 días después de que dos de los Estados Parte lo ratifiquen.

La delegación argentina que acompañó a la ministra estuvo conformada por la directora general de Relaciones Institucionales, Agustina González Ceuninck; la directora general de Prensa y Comunicación, Carolina Atencio; y la coordinadora de Política Internacional, Agostina Bergia. De manera virtual también participaron la directora nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Casos de Violencia por Razones de Género, Florencia Sotelo; la directora de Abordaje Integral de casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual, Natalia Chinetti; la directora de Programas Especiales, Mariana Seghezzo; la directora de Promoción de la Igualdad en la Participación Política, Fernanda Fernández; y la directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Sofía Véliz. Por Cancillería, estuvo la directora de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género (DIJER), Silvina Montenegro.