El Ministerio de Economía eliminó la obligatoriedad que tenían una lista de productos de atravesar el “canal rojo normativo”, el cual requería un control aduanero exhaustivo que generaba costos y demoras para las empresas importadoras. A partir de ahora la mercadería en cuestión quedará sometida a la verificación aleatoria que establece la Aduana para todo el universo arancelario.

A partir de las resoluciones N°154/2024 y 112/2024 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno liberó de la obligatoriedad del canal rojo normativo a aquellos bienes que estaban sometidos a inspecciones excesivas por parte de la Aduana, con control documental y físico de la mercadería a importar. La utilización del canal rojo como una traba a las importaciones fue impuesta por la gestión anterior del Ministerio de Economía.

La medida libera a las empresas argentinas de un costoso gasto de importación, ya que el costo del despacho por contenedor se reduce en 1.200 dólares, lo que representa un 2,5% del valor promedio de la mercadería despachada en una importación.

Esto suponía un criterio de selección de la mercadería arbitrario ya que alcanzaba por definición a los bienes del rubro textil y calzado, y a los productos con medidas antidumping vigentes que, a su vez, ya cumplían con los pagos adicionales establecidos por dichas medidas.

Algunos de los bienes alcanzados en relación al rubro textil y calzado son tanto las prendas terminadas como hilados, tejidos y confecciones para la fabricación. En tanto los bienes donde se aplica la normativa antidumping son termos, radiadores, calderas, aires acondicionados, cubiertos y ventiladores, entre otros.

El proceso exigía la paralización de la mercadería en la aduana, demoraba los plazos de entrega de los productos, y aumentaba considerablemente el costo de inspección que era asumido por los importadores. Frente a estas normas burocráticas, el Gobierno eliminó un 36% de las operaciones de importación enviadas al canal rojo, que representan un 7% del total de las operaciones de importación realizadas en el país.

Además, se acortan los plazos de entrega y se agiliza el proceso de producción, comercialización y/o exportación.

La eliminación de trámites innecesarios y la simplificación del proceso de importación colabora con los objetivos asumidos por el Gobierno en la desburocratización de la gestión económica como pilar fundamental para lograr una administración más eficiente y ágil.