Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos, y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro período, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas.

Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos, en manos de la SIDE (la Secretaría de Inteligencia del Estado) a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos. Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras, y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo. De esta manera, y por decisión del presidente Milei, los archivos relacionados con el accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo ya se ha avanzado en procesos de desclasificación. Por ejemplo, en Estados Unidos, recientemente se han liberado documentos sobre operaciones encubiertas, crímenes de guerra y asesinatos políticos de figuras clave, como John Fitzgerald Kennedy. Incluso en el Servicio de Seguridad británico se comenzó un proceso de apertura de archivos clasificados al público. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los archivos de inteligencia.

En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad.

En este atroz atentado, ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros, con escopetas y ametralladoras en mano, interceptó el auto en el que el capitán viajaba con su familia: su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y sus dos hijas, María Fernanda, de cinco años, y María Cristina, de tan solo tres años. Después de una corta balacera, su hija menor, María Cristina, fue asesinada. El capitán Viola, gravemente herido, intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza. Su hija mayor, María Fernanda, resultó herida de un disparo en la cabeza, estuvo en coma cuatro meses y sufrió ocho operaciones, pero logró sobrevivir. Su esposa, que afortunadamente salió ilesa del atentado, falleció en el año 2021, después de pasar el resto de sus días bregando por justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del 80.

Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnizaciones del Estado, de acuerdo con la Ley 24.043, por haber estado detenida durante el estado de sitio. En el año 2008, la Justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad.

En 2016, la viuda del capitán Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia internacional. Durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel entonces conducida por Horacio Pietragalla, remitió una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostenía que el atentado contra el capitán y su familia no constituía un delito de lesa humanidad.

Bajo la presidencia de Javier Milei, habiéndose revisado los antecedentes del caso, se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70. Para el presidente del gobierno, Javier Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad. Este 24 de marzo, y todos los días, es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas.