El etiquetado de eficiencia energética de viviendas permite calificar una casa, condominio o edificio de departamentos según las características del consumo de kilovatio-hora por metro cuadrado (KWh/m2) por año. Como aquélla diseñada para los electrodomésticos, esta etiqueta también ofrece una gradación de siete letras consecutivas, donde A representa el nivel más alto de eficiencia y G, el nivel más bajo.

La etiqueta para casas e inmuebles rige por un plazo máximo de diez años. La emite un Certificador de Eficiencia Energética registrado tras evaluar un Índice de Prestaciones Energéticas (IPE) que puede cambiar según el país y la región, pero que siempre incluye los ítems Calefacción en invierno, Refrigeración en verano, Iluminación, Agua caliente de uso sanitario.

El indicador permite cuantificar las prestaciones energéticas de los hogares para determinar su nivel de eficiencia, luego compararlos y calificarlos. Sus promotores consignan que la etiqueta debería figurar en las escrituras traslativas de dominio, y que en caso contrario correspondería asumir la calificación G.

Al Estado nacional le compete fijar los lineamientos del sistema de etiquetado de viviendas y habilitar las herramientas necesarias para su implementación a escala federal. Con la colaboración de los Municipios, los Estados provinciales son responsables de la institución, la gestión y el registro de las etiquetas en sus respectivas jurisdicciones.

El Estado argentino ordenó iniciar las gestiones conducentes para el diseño de un sistema de certificación energética de viviendas en diciembre de 2007, cuando lanzó el Programa Nacional de Uso racional y Eficiente de la Energía a través del Decreto Nº 140. En octubre de 2019, Santa Fe se convirtió en la primera provincia en sancionar su propia ley de Etiquetado de eficiencia energética en inmuebles destinados a vivienda cuya regulación fue decretada dos años y medio después.

Hacia fines del mismo 2019, IRAM publicó una nueva edición de la norma 11.900, cuyo objetivo es la unificación nacional de los criterios de evaluación y calificación energética de viviendas para la aplicación de políticas públicas de ahorro de energía. Por ahora, la aplicación de esta norma no es obligatoria.

Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó el relevamiento y etiquetado de 150 viviendas en el marco del proyecto “Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías de Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas pruebas piloto contaron con el apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación.

A principios del año pasado, la misma Secretaría de Energía creó el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas a través de la Resolución Nº 5/2023. El PRONEV apunta a la implementación de un sistema de etiquetado vigente para todo el territorio nacional y diseñado en base a los resultados que arroje un aplicativo informático configurado para cargar y procesar datos de casas y edificios analizados.

En mayo de ese mismo año, la Secretaría de Energía creó el Registro Nacional del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas para inscribir a las jurisdicciones interesadas. Desde la publicación de la Resolución correspondiente, Nº 418/2023, se anotaron –además de Santa Fe¬– Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, Salta, San Juan, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

La reducción del importe a pagar por el servicio de electricidad figura entre las ventajas de habitar una vivienda con etiqueta A. De hecho, estos edificios, condominios, casas suelen contar con artefactos y medidores inteligentes que les permiten cuidar el consumo energético, e incluso con algún generador de energía renovable (paneles solares por ejemplo) que cubre su propia demanda energética y, cuando produce algún excedente, lo inyecta a la red pública de distribución eléctrica.

Cuantos más hogares incorporen medidores, luces, dispositivos inteligentes y cuantos más usuarios residenciales también sean microgeneradores de energía renovable, más rápido avanzará la Argentina hacia la consolidación de un sistema de etiquetado de eficiencia energética para viviendas. Por este sendero también transita el ENRE que, en febrero de 2024, dispuso la creación de un comité de estudio y presentó los lineamientos de proyectos piloto para determinar la factibilidad y viabilidad de la introducción de algún sistema de medición inteligente en las áreas de concesión de EDENOR y EDESUR.