A través de la Resolución ENRE Nº 653/2023, el Interventor Walter Martello intimó a EDESUR a tomar las medidas necesarias para reducir progresivamente el promedio mensual de cables pendientes de reparación por debajo del 50 por ciento de la base media de 28 cables de baja tensión y de 35 cables de media tensión. A partir del sexto mes contado desde la notificación de esta Resolución, la tasa en cuestión deberá ir disminuyendo un 5 por ciento mensual por semestre.

Por cada día en que supere el umbral fijado, EDESUR deberá abonar una multa en pesos equivalente a 100.000 kWh. La sanción sólo dejará de aplicarse cuando el promedio de cables pendientes de reparación disminuya un 15 por ciento o más.

Con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de esta Resolución, Martello también ordenó a EDESUR completar a diario la base de datos que este Ente Nacional habilitará para identificar cables fuera de servicio, pendientes de reparación y efectivamente reparados. Al término de cada mes, la prestataria deberá elevar un informe que indique la tasa de reducción alcanzada.

Asimismo, Martello ordenó a EDESUR que tenga presentes los parámetros de reducción definidos cuando elabore su Plan Verano 2023 - 2024 y las ediciones sucesivas.

Para emitir la Resolución ENRE Nº 653/2023, Martello se basó en los resultados del Informe de evolución de cables BT/MT de EDESUR que el Área de Administración y Aplicación de Normas Regulatorias de este Ente Nacional elaboró entre octubre de 2021 y julio de 2023. El documento consigna que "los tiempos promedio de reparación de las averías de las redes de baja y media tensión han ido incrementándose en forma notoria y continua desde el verano 2021 - 2022 hasta alcanzar guarismos muy significativos", y que "la cantidad de cables fuera de servicio acumulada durante los últimos meses compromete de manera manifiesta la operatividad de la red para el próximo verano".

Según el mismo informe, el estado de las redes de baja y media tensión de EDESUR ha provocado, en el verano 2022 - 2023, "prolongados y reiterados períodos de interrupción del suministro de energía eléctrica, dando lugar a una situación de absoluta indefensión de las personas usuarias, que se ven privadas del suministro sin tener una respuesta adecuada por parte de dicha empresa". En caso de prolongarse en el tiempo, esta situación "podría llegar a constituir el incumplimiento de una de las obligaciones substanciales a cargo de la distribuidora".