1- ¿En qué consiste el trabajo que desarrollan desde la Dirección de Programas de Inclusión Económica?

-La Dirección está conformada por compañero/as integrantes de empresas recuperadas, que conocemos concretamente la realidad de este sector, sus potencialidades, debilidades, etcétera. Ese conocimiento y el compromiso le dan contenido a la estructura institucional.

Desde el comienzo de la gestión nos propusimos fortalecer la experiencia, acompañar y poner el Estado al servicio de lo/as trabajador/as que deciden organizarse para defender su fuente de trabajo y que son capaces de generar espacios de acceso a derechos, incluso en lugares donde las instituciones formales han estado ausentes por mucho tiempo. También queremos avanzar en muchos temas pendientes como la comercialización y el reconocimiento. El objetivo es que cada trabajador/a de una empresa recuperada tenga los mismos derechos y la misma dignidad que cualquier otro/a trabajador/a.

En ese sentido definimos algunas herramientas, como el programa Recuperar, que busca dar respuesta a cada una de las problemáticas que surgen: desde la recuperación de la empresa, su consolidación y crecimiento. Este programa contempla líneas de créditos y subsidios, para capital de trabajo, renovación tecnológica, infraestructura, desarrollo de nuevos productos, apoyo a la complementación productiva y comercial en el sector.

No obstante, mientras trabajamos para que estas políticas específicas se institucionalicen, apelamos a programas como Manos a la Obra o Potenciar Trabajo, entre otros, a fin de gestionar acompañamientos urgentes que no pueden esperar los largos tiempos formales. Es así que en estos nueve meses de trabajo, aún con graves falencias en cuanto a los reconocimientos formales, nuestro equipo ha trabajado mucho y hemos avanzado en muchos aspectos de cara al acompañamiento y estímulo que este sector demanda para dinamizar el trabajo y la industria argentina.

A través del Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER), buscamos generar un mapa institucional de las empresas recuperadas a nivel nacional y como resorte prioritario para el acceso a políticas públicas para el sector como la tarifa diferencial, acceso a subsidios, entramado, etc. Seguimos trabajando para obtener ese reconocimiento formal como un instrumento que favorezca a trabajadores, trabajadoras y sus familias.

Asimismo, en plena pandemia hemos presentado el proyecto de Ley Nacional de Recuperación de Unidades Productivas, que contempla la recuperación de empresas de una forma no traumática y rápida, evitando el limbo jurídico en que se encuentra la mayoría de las empresas recuperadas. El objetivo de máxima es ir por la creación de una figura (social-económica-jurídica), que no encasille a esta experiencia en la propiedad privada o estatal, para poner en valor y reconocer la figura de empresa social.

Además, presentamos hace unos días el proyecto de Ley Nacional de Emergencia de Empresas Recuperadas, para dar respuesta a una realidad que enfrenta el sector con urgencia en toda la geografía nacional, ante el avance de desalojos y medidas judiciales y administrativas contrarias. Este proyecto se propone como defensa legislativa nacional, en tanto seguimos trabajando por soluciones nacionales estratégicas para el sector.

Por otra parte, acompañamos las experiencias que se desarrollan a lo largo y ancho del país. En esos casos impulsamos normativas provinciales y locales para fortalecer al sector en su especificidad y potencial. Seguimos acompañando nuevos procesos de recuperación de unidades productivas que se desarrollan en la actualidad, articulando con trabajadore/as y organismos administrativos y judiciales.

A su vez, en casos de larga data, articulamos acciones y propuestas en proceso de consolidación con demandas como ACUMAR, marcas, etc. El vínculo entre experiencias diversas ayuda a fortalecer la nueva subjetividad que se reconstruye en el marco de esta experiencia. También articulamos fuertemente en materia productiva y comercial, promoviendo entramados que permitan mejorar objetivos y resultados. Además, articulamos con universidades en un diálogo de saberes que redunde en mejores perspectivas para la comunidad en general.

2- ¿Cuál es el universo de empresas recuperadas en todo el país, cuántos trabajadores concentra y cómo los han acompañado desde el Estado en lo que va de la pandemia?

-A partir de nuestra propia experiencia como integrantes de empresas recuperadas y reconstruyendo a partir de registros locales y parciales, llegamos a diciembre de 2019 en la comprensión de la existencia de unas 400 unidades productivas recuperadas en el país, generando unos 18.000 puestos de trabajo autogestionado, de los cuales un 50% se encuentra en el AMBA.

En dicho marco, una de las primeras tareas de nuestra Dirección fue el diseño y aplicación del RENACER (Registro Nacional de Empresas Recuperadas). Se trata de un instrumento institucional capaz de generar un mapa nacional de las empresas recuperadas como resorte principal para el diseño y acceso a políticas públicas específicas para el sector.

Vale destacar que se trata de una herramienta colaborativa, con una primera parte autogestionada por los propios protagonistas y una segunda y tercera etapa en que la Dirección (incluso con colaboración de universidades), avanza y consolida el registro de cada empresa recuperada. Así lo venimos llevando a cabo, con más de 250 Recuperadas empadronadas de todo el país, dando sus primeros resultados en materia de tarifa diferencial y normativa.

3- ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrentan diariamente en materia energética, tributaria y judicial y qué planean para corregir y mejorar esos aspectos?

-Trabajamos construyendo una inteligencia común entre el Estado y los trabajadores, para consolidar las empresas recuperadas y generar más y mejor empleo. Apoyar estratégicamente esta experiencia como expresión de lo/as trabajadore/as, como resorte para repensar “el futuro del trabajo”, y el orden de prioridades en materia de derechos fundamentales.

Si se pone en valor la función social superadora que cumplen estas unidades productivas autogestionadas en materia de producción, trabajo y acceso a derechos, sin fines de lucro, un universo de dispositivos institucionales debe activarse a fin de garantizar un régimen protectorio agravado a través de herramientas jurídicas y administrativas sobre las cuales estamos trabajando desde esta Dirección.

Entre ellas podemos destacar: la tarifa diferencial específica para el sector, la confección de matrículas con trámite urgente, el accionar del poder judicial orientado por un orden teleológico de derechos y no permisivo con los fraudes a la ley en perjuicio de lo/as trabajadore/as, la normativa que proteja a esta experiencia en su especificidad, construida de forma colaborativa, con mirada estratégica y retomando conceptos como la propiedad social, las cargas impositivas que reflejen la función social superadora y el trabajo con las universidades orientadas a promover el desarrollo de profesionales comprometido/as con el territorio y su realidad.

4- ¿Cómo articulan el trabajo desde el Ministerio con los municipios y las provincias para integrarlo a la comunidad?

-Pese a la pandemia, la articulación con provincias y municipios en estos nueve meses es cualitativa. Usando todas las herramientas virtuales posibles, hemos logrado construir y fortalecer vínculos con actores estatales del interior, conociendo las experiencias y sus protagonistas. De ese modo, se empieza a traducir en la asistencia con programas y articulaciones y también con el impulso de normativa local. Nuestro objetivo es fortalecer cada vez más ese camino en el contexto que nos toque enfrentar.

5- ¿Cómo funciona una empresa recuperada y cuál es el rol social que cumple?

-Las empresas recuperadas funcionan de forma cooperativa y autogestionada. Adoptamos la figura de cooperativa de trabajo atento a que nuestra experiencia se impone desde lo fáctico, y en ese camino la institucionalidad debe generar una figura jurídica específica que nos encuadre. En dicho marco, la cooperativa de trabajo prevé características, principios y régimen, con los cuales coincidimos y adoptamos como propios, pero que no reflejan nuestra especificidad.

Nos negamos a pensarnos en clave de supervivencia. Estamos convencido/as, y así lo demuestra la realidad, que este sector es parte de una experiencia que nos trasciende en términos de tiempo y lugar, pero también de derechos. Así lo reflejamos en el proyecto de Ley 1400-D-2020, donde plantemos la potencia del sector no sólo en materia de trabajo y producción nacional, sino también en la puesta en funcionamiento de espacios populares de acceso a derechos para comunidades que, en general, representan una importante trayectoria de exclusión.

Así lo muestran nuestros bachilleratos y bibliotecas populares, jardines de primera infancia, radios comunitarias, espacios de cuidados, formación y género/s, huertas, centros culturales, articulaciones con otras instituciones como centros de atención primaria y universidades, entre muchas otras experiencias que es necesario poner en justo valor.