Una experiencia de gestión de recursos humanos llevada a cabo en la provincia de San Juan logró reducir la tensión entre las dimensiones técnicas y presupuestarias en la administración de personal. La práctica se basa en la regulación y redistribución de la cobertura de vacantes y ascensos a través de un sistema de créditos o puntos, que se generan a partir de las desvinculaciones con el Estado provincial (p. e., jubilaciones y renuncias).

El mecanismo, que requiere que dos estatales se jubilen para poder habilitar una nueva vacante, permite controlar la planta permanente de personal y achicar la masa salarial. De modo tal que la cifra de 8.452 agentes estatales dependientes del Poder Ejecutivo que había en 2016 disminuyó a 8.244 en 2017 y a 7.999 en 2018. En lo que va de 2019, se evidencia una baja del orden del 1,48%.

Esta gestión de recursos humanos de la administración pública provincial logró dos objetivos concomitantes: uno presupuestario y otro de carácter técnico. En términos presupuestarios, el sostenimiento de las finanzas públicas provinciales es promovido al limitar el incremento del tamaño del empleo público. Mientras que, en términos técnicos, la mejora surge de la asignación ágil y estratégica de recursos humanos de parte de las autoridades centrales de los ministerios y la gobernación.

Esta experiencia fue ponderada como innovadora y muy efectiva por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que la incluyó en una reciente publicación de su autoría denominada Cuidando el dinero público. La publicación reúne, además de la de San Juan, un conjunto de buenas prácticas de gobierno en gestión de recursos humanos del gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro.

Tanto por su relevancia al interior de las finanzas públicas como por su impacto en la calidad de la oferta de los servicios que el Estado provee a la población, la gestión de los recursos humanos es un factor central para explicar el funcionamiento y los resultados del sector público. La problemática da forma a uno de los ejes que construyen la agenda prioritaria del COFEMOD y sus diferentes aspectos son tratados en las asambleas del organismo y analizados de manera específica por su Comisión de Capacitación y Empleo Público.