Desayuno institucional por las personas privadas de su libertad
El programa de Personas Privadas de la Libertad, Liberadas y Liberados del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) convocó este jueves 26 de abril, a un desayuno institucional que reunió a funcionarios, jueces, especialistas y autoridades competentes, con el fin de dialogar sobre la situación de este colectivo y desarrollar propuestas que tiendan a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas en contexto de encierro.
Este programa, a cargo de Lidia Pérez, tiene como objetivo profundizar los cambios para la desarticulación de estructuras estereotipantes y discriminatorias de los diferentes actores que intervienen en el diseño y la aplicación de las políticas concernientes a las personas privadas de su libertad, con el fin de avanzar hacia un proyecto comunitario de respeto de los Derechos Humanos. Por este motivo, se busca articular acciones con organismos estatales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ayuden a diseñar políticas públicas que tengan por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, liberados y liberadas.
El director de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, Aníbal Gutiérrez, dio comienzo a este encuentro deseando que fuera el primero de muchos y afirmó: “Hemos tratado de darle todo el impulso posible a esta área, y creemos que es una de las que más ha crecido en este año de gestión”.
Luego, Lidia Pérez explicó en qué consiste el programa del INADI, el trabajo que el organismo está realizando junto al área de patrocinio y esbozó algunas propuestas educativas para llevar a cabo a lo largo del año. Así, dio comienzo a un rico debate, donde se abordaron cuestiones como la situación de los grupos más vulnerados, como el colectivo LGBTI, migrantes y jóvenes adultos, el sistema de salud y las condiciones sanitarias, las dificultades para conseguir trabajo de las personas liberadas debido a que muchas veces se requiere el certificado de antecedentes penales para poder acceder a un empleo, y algunas propuestas sobre leyes que se pretenden llevar al Congreso.
Participaron de esta jornada la Dra. Vilma Bisceglia, Jueza del Juzgado de Ejecución Penal N° 5, el Dr. Marcelo Peluzzi, Juez Nacional de Ejecución Penal de la Capital Federa, el Lic. Matías Garrido, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Dr. Leonardo Capittini y la Dra. Noelia Baquero, abogados integrantes de la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, el Lic. Martín Fernández Nandín, del Área de Trabajo de la Dirección de Readaptación Social del Ministerio de Justicia, el Dr. Ariel Cejas Meliare, director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Dra. Laura Maccarone, también integrante de esa Dirección, el Dr. Pablo Corbo, defensor Público Oficial del Juzgado de Ejecución Penal, el Dr. César Castro Osterrieth, del Área de Relaciones Institucionales y Protección de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Migraciones, la Dra. Elsa Porta, ex-jueza y Miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos del Centro Universitario de Devoto y el Dr. Sergio Delgado, Juez del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas Cámara de Apelaciones Sala III.
Por el INADI, estuvieron presentes también Julieta Calderón y Lucía Berasueta, del Programa de Personas Privadas de su Libertad, Micaela Saban Orsini, Coordinadora de Programas de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación y la Dra. Laura Suárez, del Área de patrocinio de la Dirección de Asistencia a la Víctima.