El hecho tuvo su origen en junio pasado, a partir de una denuncia recibida en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), respecto a la existencia de una organización que, al parecer, regenteaba a decenas de ciudadanos provenientes mayormente del norte de la República Argentina, para que estos trabajasen en proyectos de infraestructura en el conurbano bonaerense, bajo condiciones laborales infrahumanas y percibiendo a cambio sueldos insignificantes.

En ese contexto, agentes de la División Unidad Operativa Federal San Isidro de PFA desplegaron arduas tareas de campo durante varios meses, las que sumadas al resultado de escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia y el análisis de todo el cúmulo informativo, establecieron la veracidad de la acusación, logrando determinar además que los delitos se cometían en lujosas obras ubicadas en las localidades de Nordelta, Ramos Mejía y Escobar.

Las víctimas de explotación laboral eran 22 hombres y mujeres, sometidos a realizar arduos trabajos de construcción y albañilería por más de 16 horas al día, de lunes a lunes sin descanso semanal, durmiendo en pésimos ambientes sumamente nocivos para la salud, sin ventilación ni comida suficiente y cuyos espacios se hallaban infectados de ratas y cucarachas.

A medida que se profundizaron las pesquisas, se identificaron a cuatro sujetos que tendrían directa vinculación con el delito y se localizaron un total de trece domicilios relacionados, ubicados en los partidos de San Miguel, Tigre, La Matanza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Salta.

Fue así que con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaría N°2 del Dr. Juan Cruz Schillizi, ordenó trece allanamientos sobre los inmuebles implicados.

Durante los operativos fueron detenidos cuatro hombres argentinos de 47, 49, 50 y 57 años, uno de ellos sindicado como capataz de las obras. Asimismo, se secuestraron cuatro armas de fuego, más de cien municiones de diferentes calibres, ocho celulares, seis tablets, cuatro notebooks, nueve pendrives, una tarjeta de crédito, planillas con registros del personal de las obras, 83.750 dólares, más de 28 millones de pesos, una máquina de contar billetes, cuatro vehículos, ocho computadoras, planos de obra, documentación vinculada a contrataciones, despidos y pagos al personal, entre otros elementos de interés para la causa.

Colaboraron durante el desarrollo de la investigación, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Salta y de la División Enlace con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO). Asimismo, en el procedimiento participaron integrantes del Programa de Rescate a la Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, quienes brindaron asistencia psicológica a los damnificados rescatados.