La Conferencia de los Estados Partes (COSP) es el principal órgano político de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). Dentro de sus funciones apoya a los Estados parte y a los signatarios en la aplicación de la Convención, y brinda orientación política a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para desarrollar y poner en práctica actividades de lucha contra la corrupción.

La COSP se realiza cada dos años y es uno de los mayores encuentros mundiales contra la corrupción que reúne a representantes de los Estados miembro, de las organizaciones intergubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado. Su objetivo es revisar la aplicación de la CNUCC, único instrumento universal anticorrupción jurídicamente vinculante, y debatir sobre la prevención, la mejora de la cooperación internacional y la recuperación de activos.

En esta esta oportunidad se abordaron los siguientes temas de agenda:
-Estado de avance del Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
-Asistencia técnica.
-Prevención.
-Recuperación de activos.
-Cooperación internacional.
-Desde aquí se puede acceder a los documentos específicos de debate.

A su vez, la Oficina Anticorrupción (OA) realizó aportes a diferentes borradores de resoluciones y declaraciones conjuntas, distribuidas por Naciones Unidas a través de la Misión Permanente de Argentina en Viena, que fueron tratadas y adoptadas en el plenario: la Declaración de Atlanta sobre la promoción de la rendición de cuentas en sus múltiples formas en la lucha contra la corrupción, presentado por Estado Unidos (EEUU); Metodologías e indicadores para medir la corrupción y la eficacia de los marcos de lucha contra la corrupción presentado por Arabia Saudita; Promoción de medidas para fortalecer la asistencia judicial recíproca en el marco de procedimientos civiles y administrativos relacionados a la corrupción, presentado por Ecuador; entre otras.

La OA promueve la implementación de la Convención, aprobada por Ley N° 26.097 en 2006, y participa activamente en sus grupos de trabajo, actuando como el punto focal del Estado argentino para el seguimiento de su implementación, a partir del trabajo coordinado con todos los organismos y agencias gubernamentales de los distintos poderes.