El encuentro de hoy se focalizó en “nuevas tecnologías y nuevas prácticas delictivas” y contó con la coordinación del rector del IUPFA, Esteban Neme, y la participación del director Nacional de Ciberseguridad de nuestro país, Gustavo Saín; del subsecretario Letrado en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia –UFECI- de la Procuración General de la Nación, Matías Grondona; y de Gabriela Chamorro, quien se desempeña en INTERPOL y se especializa en temáticas de tráfico de personas e integra, desde 2016, la Unidad de Delitos contra los Menores.

Esteban Neme, que además ofició de moderador de la Jornada de Capacitación de hoy, presentó a Gustavo Saín, quien profundizó sobre criterios conceptuales que genera el vínculo existente entre el cibercrimen, el delito informático y el delito complejo. Además, clasificó este tipo de delito en tres grupos: los que se cometen a través de programas (virus, troyanos, gusanos, etc.); los que no necesitan de un programa específico, sino que utilizan aplicaciones de internet como medio (suplantación de identidad y estafas); y, en tercer lugar, los delitos vinculados a la violación de la privacidad de las comunicaciones y el derecho a la intimidad.

Matías Grondona, por su parte, realizó una introducción a los conceptos básicos sobre las criptomonedas. Desarrolló un repaso histórico desde la creación de las mismas y su objetivo principal: la realización de pagos en línea enviados sin pasar por ninguna entidad financiera. Tras ello, Grondona relacionó a la criptomoneda con el delito, ya sea como objeto o como medio para realizarlo. Entre sí se vinculan por las características que posee dicha moneda: es descentralizada (lo que la vuelve inembargable y sus operaciones son irreversibles), brinda un pseudo-anonimato, posibilita que las operaciones puedan realizarse de forma virtual, remota y sin condicionamientos geográficos; posee un alto valor de mercado y aporta seguridad tecnológica y física, pues es sencillo acumular y guardar grandes cantidades de dinero.

Gabriela Chamorro, representante de INTERPOL, describió cómo trabaja la agencia -tanto a nivel nacional como internacional-, en los casos de explotación infantil. Destacó la importancia de la comunicación y concientización institucional para l prevención del delito. También afirmó que analizaron e identificaron todas las imágenes que tenían en su poder y pudieron concluir que mientras más joven es la víctima, más severo es el abuso que sufren: el 84% de las imágenes relevadas están relacionadas con la actividad sexual explicita, el 60% de las víctimas “no identificadas” son pre púberes y el 65% son niñas. Con respecto a los agresores, el estudio y análisis arrojó que el 92% son hombres.

Para finalizar, las y los miembros de las fuerzas federales que presenciaron y participaron de la capacitación realizaron preguntas que motivaron el diálogo con los expositores. La subsecretaria Mouzo explicó, a modo de cierre, que “el objetivo de estas jornadas tiene que ver con la necesidad de una apertura del Ministerio de Seguridad de la Nación a una diversidad de voces, perspectivas y reflexiones amplias en temas que nos convocan a todos, como ha sido, en este caso, el delito complejo”.