Pruebas contaminadas, pérdida de datos al momento de recogerlos, falta de rigurosidad en el levantamiento de la evidencia: estos son algunos de los problemas a los que se enfrenta la investigación forense en nuestro país. De esta forma, el camino para resolver un delito se vuelve más complejo, más lento, más ineficaz; y, en ocasiones, el delito queda impune.

Por eso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lanzó el “Protocolo Unificado para el Levantamiento de evidencia”, aprobada por Resolución N° 231/18. Es una iniciativa que busca corregir esta situación, estandarizando la metodología y fijando un patrón común, mínimo, aplicable en todo el país, para el tratamiento adecuado de la prueba.

Así se busca que la “evidencia fáctica” pueda ser utilizada y tenga preponderancia en el proceso penal, dejando atrás los procesos basados únicamente en las declaraciones testimoniales. Ambos aspectos deben complementarse mutuamente al momento de llegar a una resolución del caso.

“Suele haber errores en la intervención en los primeros pasos, en el trabajo sobre la escena del crimen. Ese es el momento crucial porque podría perderse toda la investigación y, por eso, hay que tener mucho cuidado, ser muy sistemáticos”, señaló Santiago del Carril, el coordinador del Programa Nacional de Criminalística del Ministerio, quien está trabajando en estos documentos.

“Esto no solo ocurre en homicidios sino que, también, en los siniestros viales, donde la confusión, las urgencias, muchas veces hace olvidar que, después de todo, hay que trabajar en encontrar los responsables de lo ocurrido”, acotó Del Carril.

Una base para todo el país

El funcionario precisó que con este protocolo establecieron “una vara mínima para el levantamiento de la evidencia”. Convocaron a los directores de todos los laboratorios forenses de los Ministerios Públicos del país, para poder consensuar el documento. “Porque se trata de no establecer reglas alejadas de las realidades locales, de los problemas concretos con que se encuentran quienes van a la escena del hecho. Con el protocolo, y con la colaboración de todos los directores y con el aval de los Fiscales Generales de todo el país, ahora contamos con una base que puede servir a todas las provincias”, explicó.

Se tuvieron en consideración todos los diferentes escenarios que pueden aparecer en materia forense en todo el país, ya que no es lo mismo la investigación en una ciudad que en un lugar más apartado, en alguna zona rural del interior.

“El paso a seguir es enviar este protocolo a cada policía provincial para distribuirlo entre sus integrantes. En aquellas provincias donde se puso en práctica la policía judicial la idea es que reciban el protocolo para que lo pongan en práctica. Tratamos de ser abarcativos con la cantidad de muestras que se pueden tomar”, explicó Del Carril.

Se trata de organizar una práctica que se viene realizando, en algunos aspectos, con cierta debilidad, asistematicidad y sin rigurosidad que, luego, se traduce en respuestas por parte de la Justicia que no satisfacen a la sociedad. Estos primeros pasos de la investigación son claves: tratarlos con cuidado es vital para el resultado final que es hallar los responsables de los hechos.

Para el futuro, y teniendo como referencia este documento, se está trabajando en la elaboración de protocolos para las diferentes situaciones que se presentan en materia criminal. “Está en proceso, por ejemplo, un documento igual para el tratamiento de la evidencia en siniestros viales. Este lo estamos haciendo con la colaboración de la Subsecretaria de Justicia y Política Criminal de este Ministerio, la Agencia de Vialidad, Bomberos Voluntarios, entre otros actores. Al inicio de la gestión se acercaron asociaciones de víctimas de estos hechos y nos solicitaron esto y, en conjunto, estamos avanzando para tenerlo listo cuanto antes”.