La Oficina Anticorrupción (OA) firmó un acuerdo de cooperación con la Cámara Nacional Electoral (CNE). Ambas partes se comprometieron, entre otras cosas, a intercambiar información sobre el listado de funcionarios cumplidores e incumplidores en la presentación de sus declaraciones juradas. Conforme a lo establecido por el artículo 9° de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, aquellos funcionarios que no cumplan con su obligación de presentar su declaración jurada de baja no podrán ejercer nuevamente la función pública.

“Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder”, sostiene dicha normativa, de la que la OA es Autoridad de Aplicación.

El convenio -que tendrá una duración de dos años y será prorrogable automáticamente- también establece el intercambio de información de: nómina de personas que realizan donaciones a las campañas electorales; informes de campaña de cada elección nacional y de los estados contables anuales presentados por las agrupaciones políticas; nómina de los partidos políticos nacionales y de distrito, de los apoderados y autoridades de los partidos políticos reconocidos y de los precandidatos y candidatos oficializados en cada proceso electoral; listado de candidatos a cargos públicos electivos nacionales obligados a presentar declaración jurada.

Además, con el fin de verificar a aquellos que hagan aportes de campaña a agrupaciones políticas y para prevenir el financiamiento irregular de la política, se intercambiará el listado de sujetos obligados a presentar declaraciones juradas, discriminados por período y tipo de obligación.

A la vez, se acordó que la Oficina Anticorrupción comunicará a la CNE la existencia de procesos judiciales en los que intervenga como parte querellante, en los que esté involucrado algún partido político, sus apoderados, autoridades, candidatos y/o personas físicas o jurídicas que hubieran hecho aportes a la campaña electoral.

Asimismo, las partes determinaron la organización en forma conjunta de conferencias, seminarios, talleres y encuentros académicos sobre el financiamiento de los partidos políticos, el manejo de información sobre los patrimonios de los candidatos y capacitación estratégica, promoviendo el intercambio entre los miembros de ambas instituciones.