Convenio de Agricultura para que pequeños productores accedan a préstamos del Banco Mundial
A través de créditos del Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR) que busca aumentar la inclusión de las familias rurales, el fortalecimiento de su capacidad de organización, la mejora en el acceso a infraestructura, inversiones y servicios.
El Gobierno Nacional firmó la enmienda del Convenio de Préstamo con el Banco Mundial que posibilita la suscripción de acuerdos subsidiarios entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y las provincias para el acceso a créditos del Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR).
El Proyecto, que se gestiona a través de la Dirección General de Programas y Proyectos (DIPROSE) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, está orientado al desarrollo de las poblaciones rurales con alto nivel de vulnerabilidad. Comenzó en el 2017 y es financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las provincias que se encuentran en trámite de participar del PISEAR bajo el nuevo convenio son: Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Santa Fe y Río Negro.
El objetivo del PISEAR es aumentar la inclusión de las familias rurales más carenciadas a través del fortalecimiento de su capacidad de organización, la mejora en el acceso a infraestructura, inversiones y servicios, para el desarrollo de la producción comunitaria y el desarrollo de formas sostenibles de acceso a los mercados.
Para ello, financia proyectos de inversión rural que contemplan asistencia técnica y capacitación a grupos y organizaciones de pequeños productores, comunidades de pueblos originarios y trabajadores rurales. Además de mejorar su capacidad de organización, planificación y gestión, el Programa realiza inversiones de pequeña escala, como la rehabilitación o construcción de infraestructuras comunitarias rurales, la provisión de apoyo para mejorar la producción y comercialización agrícolas, la realización de actividades para la seguridad alimentaria y la gestión de recursos naturales, y la construcción o el mejoramiento de redes residenciales de agua y saneamiento.