Conversaron sobre la experiencia de Brasil en la lucha contra la corrupción; la relación entre institucionalidad y desarrollo; y la utilidad que pueden tener iniciativas legislativas impulsadas por la OA como la Ley del Arrepentido, que el año pasado fue sancionada en Argentina, y la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Alonso destacó que “el juez Moro es un ejemplo de liderazgo institucional” y sostuvo que “está marcando un camino para América Latina”, ya que “es el encargado de que haya justicia cuando hay elites políticas que intentan administrar la cosa pública como si fuera algo privado”. “Representa lo que queremos que pase en Argentina: investigar a los poderosos, en el poder o afuera del poder, y cuando las pruebas existen, condenar en tiempo y forma”, expresó.

Asimismo, consideró que la lucha contra la corrupción no tiene fines únicamente institucionales, sino que “es un medio para combatir la pobreza, para incluir a millones de latinoamericanos que se cayeron del sistema económico y que viven en la miseria”. “Mejorar nuestras instituciones significa como resultado final incluir a millones de personas que se quedaron afuera”, subrayó la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Por su parte, Moro reivindicó el papel de la Justicia en la consolidación del sistema democrático y planteó que, en ese sentido, “la investigación Lava Jato vino para fortalecer el gobierno de las leyes y la democracia en Brasil”. En este marco, sostuvo que fue muy importante contar con la herramienta del colaborador eficaz (“arrepentido”), ya que “cuando se tiene la colaboración de un delincuente que sabe cómo se realizó un pago, se facilita alcanzar la prueba”.

En esta línea, el año pasado se aprobó en Argentina la Ley del Arrepentido, elaborada por la OA, que permite la posibilidad de reducir o eximir de penas a quienes brinden “información precisa, comprobable y útil” que permita “evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas”.

A la vez, el juez brasileño también valoró que en Brasil se puede sancionar a las empresas por delitos de corrupción, en sintonía con el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Actualmente, Argentina es el único país de los que ratificaron la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no cuenta con esta ley. Aprobar este proyecto de ley -que fue elaborado por la OA y fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso- es fundamental para seguir parámetros internacionales en materia de transparencia y para poder sancionar a las empresas -y no solo a las personas físicas, como ocurre actualmente- por delitos de corrupción.