En su carta abierta, publicada a partir de la visita del presidente Alberto Fernández a Jujuy, el gobernador Gerardo Morales vuelve a utilizar un relato estigmatizante para atacar a una organización y a una dirigente social que es víctima de una permanente persecución política, judicial y mediática desde 2016.

Es falso que Milagro esté condenada por crímenes violentos. Es falso que Milagro haya sido investigada por graves violaciones de derechos humanos.

Sala está privada arbitrariamente de su libertad desde hace casi 7 años, perseguida penalmente en una decena de causas sin las garantías del debido proceso y, por ello, es beneficiaria de una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2017 ordenó proteger su integridad física y psíquica

El incumplimiento de esa resolución por parte de las autoridades provinciales, políticas y judiciales, compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Los derechos humanos no son parte de ninguna grieta. Son una política de Estado y la columna vertebral de nuestro gobierno nacional. Y es obligación de todos los funcionarios del Estado, ya sea federal o provincial, su respeto irrestricto.

El pueblo argentino sabe que las diferencias políticas no se pueden superar con la utilización del aparato político y judicial contra la oposición ni con violaciones de derechos humanos.