Cuatro nuevos juicios orales por crímenes de lesa humanidad arrancan durante febrero en diferentes partes del país y se sumarán a los otros 14 debates que retomarán su actividad después de la feria judicial de enero. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será querellante en dos de ellos: la Megacausa V en Bahía Blanca, con 40 imputados por los crímenes cometidos contra 270 personas, y la revisión de las absoluciones a 7 de los acusados en la Megacausa III de Santiago del Estero.

También iniciará en Mar del Plata la causa denominada “La Huerta”, que investiga crímenes cometidos en Tandil y Azul; y en San Juan el debate que tiene como único imputado al exjuez Juan Carlos Caballero Vidal. La Secretaría participa de estas dos causas a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, que acompaña y notifica a los testigos, familiares y sobrevivientes y realiza informes sobre las condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos a pedido de los tribunales.

Bahía Blanca

La Megacausa V será el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura realizado hasta el momento en esa ciudad. A partir del 17 de febrero se juzgarán privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, que tuvo su sede en Bahía Blanca y jurisdicción sobre toda la Patagonia.

Los 40 imputados son ex miembros del Ejército, en su mayoría oficiales de la jefatura del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, ex integrantes de fuerzas de seguridad y agentes penitenciarios. Dos de ellos fueron profesionales de la salud del Ejército, Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, acusados de realizar la atención médica de las víctimas del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”.

Santiago del Estero

Cuatro años después del primer juicio oral por la Megacausa III, la justicia federal de Santiago del Estero realizará —a partir del 21 de febrero— un nuevo debate para revisar las absoluciones al ex fiscal federal durante la dictadura Santiago Olmedo de Arzuaga, al ex policía Pedro Ledesma y al empresario Raúl Humberto Silva, quien fue empleado del Ministerio de Bienestar Social de la provincia durante la dictadura.

Además, se revisará la sentencia al ex militar Jorge Alberto D’Amico y a los expolicías Ramiro del Valle López Veloso, Roberto Díaz Cura y Juan Felipe Bustamante, quienes resultaron condenados en 2017 pero fueron absueltos por algunos hechos. El ex jefe de los grupos de tareas policiales, Muza Asar Curi, también iba a ser parte del debate, pero falleció en septiembre del año pasado.

San Juan

El ex juez Juan Carlos Caballero Vidal será el único imputado en el juicio que comience el 21 de febrero en San Juan por crímenes de lesa humanidad cometidos contra dos personas.

Caballero Vidal, quien entre 1996 y 2017 integró la Corte de Justicia de la provincia, será juzgado por haber omitido investigar el secuestro y las torturas sufridas por Héctor Cevinelli y el asesinato de Alberto Carvajal durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como juez penal de primera instancia.

Mar del Plata

El 25 de febrero, el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata comenzará a juzgar a 26 acusados por los crímenes cometidos contra 112 personas en las ciudades bonaerenses de Tandil y Azul.

La causa investiga hechos ocurridos en los Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Huerta”, que funcionó entre 1976 y 1978 en la ciudad de Tandil, y “Quinta de Méndez”, el ex Instituto Superior de Enseñanza Rural (ISER) y las comisarías Primera y Segunda de la ciudad.

Los imputados son su mayoría ex miembros del Ejército y de fuerzas de seguridad, aunque también están acusados dos civiles, los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de la quinta utilizada como centro clandestino de detención. Ambos fueron condenados en 2012 como partícipes del secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, pero en 2020 fueron beneficiados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se vuelva a examinar su caso, por lo que fueron luego absueltos por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

El impulso enérgico y sin demoras de estos juicios, en particular de aquellos que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos, y de aquellos represores que aún no fueron juzgados, es una prioridad del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad promovido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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