En su rol de querellante, la Oficina Anticorrupción (OA) aporta su requerimiento de elevación a juicio. “Finalmente ha quedado establecido en la causa que el origen del dinero aplicado a las maniobras de lavado de activos investigadas se encuentra en actos de corrupción administrativa, concebidos y ejecutados desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional durante el período 2003-2015 y, como etapa intermedia, en maniobras de fraude fiscal”, se sostiene en la presentación.

En cuanto al rol específico de Báez, la OA explicó que “habría montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en ella los fondos del Estado Nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, mientras que un concierto de funcionarios públicos nacionales y provinciales, a su vez, le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en la provincia de Santa Cruz por un monto, actualizado al mes de agosto de 2016, estimado en más de 46 mil millones de pesos, equivalentes –en ese entonces- a unos 3 mil millones de dólares.

Para este juicio la OA había pedido la declaración de más de 100 testigos. Por otro lado, desde el año pasado, en su calidad de querellante, la Oficina ha insistido ante la Cámara Federal en la necesidad de citar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, este tribunal de alzada le ordenó al juez de instrucción que le tome declaración indagatoria.