Ciencias del Comportamiento: políticas públicas a la medida del ser humano
La difusión e incorporación de las ciencias de la conducta en la toma de decisiones de gobierno es uno de los objetivos de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas. Aportes clave en educación, economía y salud y propuestas para avanzar en otras áreas.
La investigación científica y la observación desde diferentes disciplinas que estudian el comportamiento muestran que, en la mayoría de los casos, frente a las acciones gubernamentales, las personas actúan de manera rápida, intuitiva e influidas por su contexto social. Desde la aplicación de normas simples a beneficios dirigidos a mejorar la calidad de vida y hasta cuestiones más complejas, el resultado no siempre es el esperado.
Avanzar en el diseño, análisis, evaluación y alcance de los programas de gobierno y promover que las acciones destinadas a mejorar la vida de los ciudadanos lleguen a cada rincón del país con una información amplia, sencilla y completa, es una parte esencial a la hora de consolidar la eficacia de las políticas públicas. Con ese objetivo, el Consejo Económico y Social puso en funcionamiento la Unidad de Ciencias del Comportamiento, que fue presentada por el Presidente Alberto Fernández, en el marco del foro “El desafío de las Ciencias del Comportamiento: Políticas Públicas para la #ArgentinaQuerida".
El presidente destacó especialmente la principal función del flamante organismo, que será la de “promover la aplicación de las ciencias de la conducta para la toma de decisiones de gobierno”. “Pensar en detalle en las personas, desarrollar la tarea de humanización aplicada a las reformas estructurales que muchas veces son deshumanizadas, es una política de Estado que está más allá de toda bandería política o partidaria que queremos se perpetúe más allá de las gestiones”, agregó.
La Unidad está integrada por una red multidisciplinaria de expertas y expertos con más de 170 académicas y académicos nacionales e internacionales (especialistas en abogacía, ciencias políticas, neurociencia, economía, big data, psicología, matemática y estadísticas, entre otras) y cuenta, además, con el apoyo de organismos multilaterales, como el BID, que brindó el financiamiento para la primera convocatoria de “Proyectos sobre Ciencias del Comportamiento aplicadas a Políticas Públicas”.
La nueva estructura “abrirá el camino hacia la consolidación de una agencia nacional de evaluación que impregne a las políticas públicas de una institucionalidad moderna y ágil al servicio de todos los argentinos”, según explicó el secretario de Asuntos Estratégicos y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz.
Cómo impactan las Ciencias de la conducta en las políticas públicas
La aplicación de las Ciencias del Comportamiento, como herramienta básica para la implementación de políticas públicas, se impuso a partir de 2002, cuando Daniel Kahneman, uno de los principales referentes de estas ideas, obtuvo el Premio Nobel de Economía. Desde entonces, esta disciplina empezó a tener trascendencia internacional, en especial, por sus descubrimientos sobre el accionar de las personas. “Muchas veces las personas no toman decisiones enteramente racionales”, explica Iván Budassi, director Nacional de Análisis Estratégico de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) y responsable de la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Este aporte esencial sobre el comportamiento de las personas, empezó a influir en la forma de encarar las políticas públicas: “El modo tradicional de pensar una política era dar un ‘incentivo económico para desarrollo del país’; es decir, para tomar una decisión informada, tenemos que dar la mayor cantidad de datos posible. Pero muchas veces estas herramientas no alcanzan porque las personas no deciden de manera consciente”.
Budassi recurre a un ejemplo que atraviesa a toda la sociedad, como la donación de órganos, para explicar cómo el diseño de una norma puede alterar los resultados de manera sustancial. Antes de la aprobación de la llamada Ley Justina, en la Argentina la donación de órganos requería de un consentimiento explícito de las personas. Luego de la sanción de la ley, la situación se invirtió: si no se expresa lo contrario, los órganos son donados compulsivamente. “Esto ha cambiado radicalmente el modo de tomar esa decisión en Argentina y en el mundo. Uno tiene la posibilidad de salir del esquema que la ley prevé, pero la mayoría no lo hacemos. En Alemania, donde no está establecido de esa manera, sólo el 14% de la población dona órganos. En cambio, en Austria, una sociedad similar, pero donde rige el principio contrario (como en la Argentina), es decir que si no se manifiesta, entonces se presume donante, el 99% de la población resulta donante. Entonces vemos como el simple diseño de una norma cambia la información y el resultado”, detalla Budassi.
La aplicación de las Ciencias del Comportamiento en el diseño de políticas abarca disciplinas disímiles, pero siempre a través de un común denominador: la búsqueda de procesos simples para acercar información clara y sencilla. Budassi cita otro ejemplo: la Ley de Etiquetado, que está en debate en el Congreso de la Nación. “En el modelo tradicional vigente, las etiquetas contienen un montón de información en los envases que por lo general uno nunca lee: es un lenguaje técnico, con letra chica y que en definitiva al momento de comprar uno no mira. En cambio, la nueva normativa propone pasar a una etiqueta muy clara, en donde se vea que ese alimento es potencialmente peligroso para la salud. Eso incide en la toma de decisiones”, asegura.
Plan Egresar y reintegro del IVA: cómo pueden las ciencias del comportamiento ayudar a mejorar las políticas vigentes
Entre otras funciones, la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas trabajará también en la sistematización de las experiencias de articulaciones entre políticas públicas y ciencias de la conducta que ya se están llevando a cabo, como el Plan Egresar y el reintegro del 15% para beneficiarios de la AUH y jubilados de la mínima.
El Plan Egresar, a cargo del Ministerio de Educación, busca que los alumnos que terminaron de cursar entre 2016 y 2020 sus estudios secundarios, pero no han titulado por adeudar materias, vuelvan a la escuela para completar el esquema educativo. Desde su implementación, el plan logró una inscripción de 105.066 estudiantes, superando la meta propuesta, para una primera etapa, de alcanzar a 80.000 alumnas y alumnos.
Al respecto, el presidente Alberto Fernández indicó que “para lograr este objetivo, se emplearon herramientas regulatorias clásicas: se los apoya con tutores, se les otorga facilidades en cuanto a horarios y condiciones de estudio, se ofrecen becas económicas a quienes las necesiten, entre otros aspectos”. El presidente destacó que, para reforzar la llegada del programa, las ciencias del comportamiento también pueden hacer un gran aporte, en especial, para detectar qué otras cuestiones tienen peso en las conductas de esos jóvenes que no pudieron terminar el colegio: ¿Cómo podemos comunicarles que el secundario sirve, que lo podrá ayudar el día de mañana a conseguir trabajo? ¿Ayudará que ese mensaje sea dado por un ex compañero de estudios en vez de por un profesor? ¿Se podrá incentivar su regreso mediante el ejemplo concreto de alguien de su clase, de su barrio, que sí terminó el colegio?”.
Con estudios de campo y observando cómo en realidad funcionan los hábitos de alumnas y alumnos, las ciencias del comportamiento se presentan como una herramienta necesaria y útil para analizar y ponderar las experiencias en pos de construir mejores y más eficientes políticas públicas. En este aspecto se trata de ejemplos directos, comunicación entre pares y cómo ayudar, a través del estudio de la conducta, a que alumnos y alumnas terminen la escuela.
Un aporte similar se hizo en el ámbito económico. La posibilidad de percibir reintegros del 15% en las compras que realizan las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, pensionados/as y los/as jubilados/as de la mínima, a través de las tarjetas de cobro, es una medida que está disponible para más de cinco 5 millones de personas. Sin embargo, sólo 470 mil de los 2,4 millones de titulares de la AUH y 550 mil de un total de 2,8 millones de jubilados/as de la mínima aprovechan esta devolución, a pesar de que el Ministerio de Economía apunta a que todos/as los/as inscriptos/as accedan a este beneficio.
¿Por qué se toman esas decisiones de compra que anulan la posibilidad de acceder al reintegro? Para comprender esta situación, se están aplicando herramientas de las Ciencias de Comportamiento, con el objetivo de motivar el hábito del pago a través de las tarjetas de débito y medios de pago digital, lo que permitiría a los beneficiarios/as acceder a los reintegros vigentes, y aumentar así sus ingresos y determinando también mejoras macroeconómicas sustanciales.
Desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, a cargo de Mercedes D'Alessandro, se está llevando adelante una fuerte campaña para incentivar a los consumidores a recuperar los reintegros de todas las compras que se realizan a través de los beneficios sociales. En la AUH, el 95% de titularidad son mujeres, así como el 67% de los/as jubilados/as percibe los haberes mínimos. Además, en julio de este año se ha logrado introducir en este beneficio los gastos femeninos fijos y mensuales, tales como toallitas y tampones.
“Estamos por todos los medios tratando de incentivar a los consumidores y en especial a las mujeres, a recuperar el IVA, en el Ministerio de Economía están estudiando cómo deciden en realidad nuestros hombres y nuestras mujeres, para lograr implantar el hábito de comprar con tarjeta y así lograr que tengan este beneficio”, explicó Alberto Fernández.
Con una gran tarea por delante, la Unidad de Ciencias del Comportamiento, con el apoyo del Consejo Económico y Social, ya tiene en estudio temáticas vinculadas a adicciones, salud en madres gestantes, muertes evitables de quienes abandonan tratamientos de largo plazo, entre otras cuestiones. También, en el análisis sobre cómo llegar a la población con información sobre las políticas públicas vigentes y, en caso de ser necesario, diseñar nuevas alternativas que ayuden a mejorar la calidad de vida.